Navas quita caso CasasVita a fiscal que no apeló liberación de dueño y lo delega en alto jefe

La fiscala general, Emilia Navas Aparicio, ordenó el retiro del fiscal Jorge Alberto Araya Jiménez del caso en el que se investiga una presunta estafa por parte del Grupo Empresarial CasasVita S.A. a más de 30 personas, luego de que trascendió que no apeló la liberación del apoderado de la compañía inmobiliaria, un empresario de apellidos Villagra Martínez.

El expediente pasó a manos del jefe de la Fiscalía Adjunta de Fraudes, Miguel Navarro Cordero, según confirmó este miércoles a AmeliaRueda.com la oficina de prensa del Ministerio Público. La decisión fue tomada "esta semana" por la fiscala sin precisar una fecha y bajo la consigna de que el funcionario es "una persona altamente calificada y capacitada en la materia".

Navarro asumió la pesquisa y ahora analiza la prueba decomisada en los cinco allanamientos que la Fiscalía dirigió el 22 de mayo anterior, dos de ellos en oficinas de CasasVita en Santa Ana y La Guácima, otros dos en viviendas en Santa Ana y San Rafael de Escazú, y uno más en el despacho de un abogado en Heredia. El fiscal adjunto de Fraudes deberá determinar si requiere nuevos informes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

"Sin duda quisiéramos tener resultados en menor tiempo, pero es necesario aclarar que no sólo depende del Ministerio Publico: los informes policiales que se solicitan requieren de extensos análisis", indica el mensaje de la oficina de comunicación.

También, la Fiscalía aclaró que su actuación en el caso no garantizará a la víctimas la recuperación del dinero podrían haber perdido en el pago de primas o cuotas para la compra de viviendas en cuatro condominios distintos.

"La manera mediante la cual las víctimas pueden hacer reclamos por los daños y perjuicios sufridos, es a través de un proceso paralelo al penal, que implica la presentación de acciones civiles resarcitorias, ya sea mediante el Ministerio Público o, si lo desea, con el apoyo de un abogado/a particular", establece la respuesta a la consulta de este medio.

De acuerdo con la información, sólo una de las víctimas ha presentado una acción civil resarcitoria. Para hacer una, los afectados pueden contactar a la oficina de Defensa Civil a la Víctima a través de los número 2221-1303 o 2221-1317, o bien, visitar una de las 15 oficinas en el país.

La reacción de la Fiscalía se da un día después de que un grupo de afectados se manifestó en las afueras de los Tribunales de Justicia de San José, solicitando la detención del propietario de la empresa, quien fue arrestado la miércoles y puesto en libertad el mismo día sin medidas cautelares. Los ciudadanos también reclamaron la actuación de Araya, por no haber apelado la decisión de los jueces.