“No recibí ningún beneficio indebido”, afirma Johnny Araya, acusado de tráfico de influencias

El alcalde de San José, Johnny Araya, negó haber recibido algún tipo de beneficio indebido por solicitar que se rectificara que figuraba en un expediente judicial, a partir de una información que la oficina de prensa del Ministerio Público dio al diario La Nación.

De esa manera lo afirmó el gobernante local a su salida de una audiencia en la sala de juicios número 12 de los tribunales de Goicoechea. Él, a diferencia del exmagistrado Celso Gamboa, y la exfiscala subrogante Bernice Smith, fue el único de los imputados que se apersonó a la vista, donde se conoció una acusación de la Fiscalía General de la República.

El delito que se les atribuye a los tres, es castigado en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, con entre uno y cinco años de prisión. Esa norma además prevé una ampliación de los extremos de la pena para altos cargos y miembros de los supremos poderes.

El 26 de enero de 2018, la fiscala general, Emilia Navas, había remitido una acusación a la Corte Plena por el mismo caso. En la misma, la jerarca solicitaba el levantamiento de la inmunidad a Gamboa, ya que en ese momento era miembro de la Corte Suprema de Justicia.

La investigación contra el exjuez inició el 13 de noviembre del 2017, cuando la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas, declaró ante el Tribunal de la Inspección Judicial que Gamboa intervino en una causa contra el alcalde de San José, el exalcalde de Alajuela y actual diputado, Roberto Thompson; así como del alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba.

Según el testimonio de la periodista, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) eliminó el nombre del jerarca josefino de un expediente judicial en el que se le investigaba, junto a otras tres personas, por el supuesto delito de influencia contra la Hacienda Pública.

Los hechos se dieron en diciembre del 2015, cuando Gamboa fungía como subjefe del Ministerio Público y le reclamó a Vargas por haber informado, tras una consulta del periódico La Nación, que Araya figuraba como imputado en el expediente 12-000096-0621-PE.

"Me pregunta que por qué yo envié esa información si Johnny (Araya) no tenía ninguna causa, yo le contesto que Probidad me confirmó mediante un correo la existencia de la misma, que estaba en trámite. Él me dice que ya revisó el expediente y que no está implicado. En el mismo acto le pide a Justo (Pastor) que llame por teléfono al señor Araya para decirle que mande una nota a la Fiscalía de Probidad, solicitando certificación de que él no figura como imputado y que lo envíe al medio de comunicación. Justo sale de la oficina para hacer la llamada por su teléfono celular y cuando regresa le dice a Celso que Johnny le pidió a él (Justo) que redacte la carta, a lo que Celso le contesta, que Johnny es un cabeza de teflón y que se la redacte", manifestó la comunicadora en su declaración.

El gobernante local sostuvo este jueves que él no recibió comunicaciones de parte de Gamboa ni Pastor, sino que envió un escrito a Smith de cinco renglones, en el que pedía que se arreglara su situación en la investigación.

"En este caso, donde se habla de tráfico de influencias, es absolutamente equivocada la causa que se me ha planteado. Yo vuelvo, sostengo, categóricamente de que yo no recibí ningún beneficio indebido por esta situación", manifestó el alcalde.

“En realidad, todo se debe a que en un determinado momento, una periodista de La Nación me hizo una entrevista diciéndome que yo era imputado en una causa y la verdad es que yo no era imputado, simplemente era denunciado y había un error en el sistema informático del Ministerio Público, y lo que hice yo fue pedir que se aclarara y se corrigiera ese error", señaló Araya.

Posteriormente, el alcalde aseveró que fue víctima de "un escándalo mediático".

Su defensor, Alfonso Ruiz, aseguró que solicitó al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública que desestimara la causa 17-000039-033-PE. Lo mismo hicieron Natalia Gamboa y Federico Campos, defensores del exmagistrado y la exfiscala, respectivamente.

De acuerdo con el jurista de Araya, el resultado de la audiencia se conocerá en forma oral el 10 de abril a las 4:30 p.m.