Subcapitalización: la norma en plan fiscal que limita deducciones tributarias

La implementación de una norma de subcapitalización que limite el pago que hace la Hacienda Pública de los intereses por endeudamiento de las empresas es una medida necesaria para el sistema tributario costarricense en su lucha contra la elusión fiscal (movimientos realizados para minimizar el pago de impuestos, aprovechando oportunidades o portillos legales).

Esa es la valoración que hicieron la mañana de este lunes en el programa Nuestra Voz los economistas Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda en la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018), y José Luis Arce, expresidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

Sin embargo, la versión de ambos contrasta con la del exgerente general del BAC Credomatic, Gerardo Corrales, quien considera que la norma podría afectar a las pequeñas y medianas empresas debido a la desaceleración económica que atraviesa el país y que se ve reflejada en el programa económico del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Esa desaceleración significa que en los sectores se mantiene una tendencia de crecimiento aunque no al ritmo de años anteriores.

Lo anterior, sumado a las altas tasas de interés, las altas tarifas de servicios público y del sector productivo, la ineficiencia de la tramitología y la medida que el Ministerio de Hacienda pretende incorporar en la reforma fiscal, pondría en riesgo la generación de empleo en el país, de acuerdo con el exbanquero.

Arce y Rodríguez sostienen que la norma es requerida en la batalla contra las compañías que encontraron el mecanismo para inflar el capital y así elevar el monto a deducir del pago de intereses, que a su vez es una forma de elusión.

Debido a ello y al resultado de una serie de talleres regionales para intercambio de experiencias, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -a la que Costa Rica busca adherirse- recomienda la implementación de un rango del 10 al 30 por ciento para la limitación del pago de intereses con respecto a los ingresos antes de impuestos, intereses y depreciación.

Hacienda apunta a establecer ese máximo en 30 por ciento como punto de partida, bajando gradualmente hasta un 20 por ciento, según explicó la ministra del ramo, Rocío Aguilar, la mañana del viernes en el espacio radiofónico.

"Comprendo lo que dice don Gerardo respecto a la actual situación, pero desgraciadamente a lo largo del tiempo, cada vez que hemos tratado de introducir una mejora en materia tributaria, pues aparece una razón por las cuales no se puede hacer, que por la coyuntura económica, la situación de ciertas empresas, etcétera, y no se hace, en lugar de aprobarse y dejarse de manera transitoria para que se aplique posteriormente", dijo Rodríguez.

Para el exviceministro es necesario que la autoridades cuenten con una herramienta que permita "controlar sin mayor dificultad" como la norma.

"Sin duda hay evidencia en alguna medida de que ese componente de deducción completa de intereses genera distorsiones no solo desde el punto de vista de la elusión de la carga tributaria, sino que también, incluso distorsiones en las formas en que las empresas se financian, que creo que eso más allá de lo tributario es un tema que debemos analizar como país en el futuro", manifestó Arce.

"En ese sentido empezar a entrarle a esos temas creo que es algo que no solo es tributariamente necesario, sino también desde el punto de vista de ir corrigiendo ciertas perversiones o incentivos no adecuados que tiene el sistema tributario", añadió.

Medidas alternas

En vez de la norma de subcapitalización, Corrales propone prohibir las operaciones back-to-back o créditos con garantía líquida, al tiempo que se le exija a las compañías un certificado de los entes que las financian que le de validez a las deudas y que se consideren como no deducibles los gastos de financieros de deudas tomadas en países considerados como paraísos fiscales.

"Son soluciones alternativas que van directamente afectar lo que hoy está evadiendo y no correr el riesgo de venir a afectar más la actividad productiva real, especialmente de pequeñas y medianas empresas", defendió el exbanquero.