Omisión de trámites de Parque Viva generó "problemas de circulación vial", reprocha INVU a municipio

Más de tres meses después de la inhabilitación del Parque Viva, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) le reprocha a la Municipalidad de Alajuela la falta de un estudio de impacto vial y otros análisis previos al otorgamiento de permisos de construcción del recinto.

El más reciente oficio del INVU a la Municipalidad —del que AmeliaRueda.com tiene copia— recoge una serie de cuestionamientos sobre el estudio de impacto vial que la Alcaldía envió para contrarrestar la aseveración del Gobierno de que el Parque Viva nació sin un análisis que midiera las implicaciones viales de su actividad.

Remitido el pasado 4 de octubre al municipio, mediante el oficio PE-289-10-2022, el INVU señala que cuando se construyó el Parque Viva "no se solicitó actualización al estudio de impacto vial ni mejoras a media vía, generando problemas de circulación vial y poniendo en riesgo a la población y a los asistentes a las actividades".

Captura de pantalla del oficio PE-289-10-2022, del INVU, con fecha del 4 de octubre de 2022.

La carencia de un estudio de impacto vial fue una de las razones esgrimidas por el Gobierno de Rodrigo Chaves para ordenar la suspensión de operaciones del Parque Viva. Cabe recordar que el Ministerio de Salud inhabilitó el recinto el 8 de julio, precisamente por denuncias sobre "las enormes presas" que se generaban cuando había eventos allí.

El argumento de Salud fue que el problema de tránsito en los alrededores del lugar podría impedir la atención de emergencias por las dificultades de acceso y salida de La Guácima cuando hay conciertos u otras actividades masivas. Esto llevó al Gobierno a solicitar por medio del INVU el expediente íntegro de permisos del Parque Viva.

Tras la solicitud del INVU el 11 de julio de 2022, la Municipalidad informó el día 20 de ese mes de que ya había remitido al Ejecutivo la información requerida. Y el 3 de agosto, en una conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se reveló el informe del INVU sobre dicho expediente, detectando siete "inconsistencias" en su contenido.

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Una de esas "inconsistencias" fue la aparente falta de un estudio de impacto vial "asociado a las actividades que se desarrollan en el sitio", según el primer informe del INVU, en el que se pidió a la Municipalidad una aclaración sobre por qué este requisito no se solicitó a pesar de que así lo establece el Plan Regulador.

La Municipalidad respondió el 17 de agosto mediante el oficio MA-A-3766-2022, alegando, entre otras cosas, que el centro de eventos La Guácima —antes de que pasara a ser el Parque Viva, en 2015— contaba con un estudio de impacto vial aprobado por Ingeniería de Tránsito, órgano del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Ese estudio de impacto vial "considera un aforo de 5.000 personas o de 6.000 espacios para vehículos", pese a que la Dirección General de Ingeniería de Tránsito estimó este año que la capacidad del recinto es de "26.000 personas".

Dicho estudio de impacto vial —del que este medio también tiene copia— tiene fecha del 1 de septiembre de 2014 y no fue incluido en el expediente original remitido en julio por la Municipalidad. El INVU criticó este extremo y además señaló que ese estudio fue emitido "con fecha posterior a las aprobaciones de permisos" otorgadas por la Municipalidad.

Así consta en el oficio del INVU del 4 de octubre.

Captura de pantalla del oficio MA-A-3766-2022, de la Municipalidad de Alajuela, con fecha del 17 de agosto de 2022.

"No coincide con la operación real"

"Es claro que el estudio de impacto vial originalmente elaborado no coincide con la operación real de los eventos que se da en el sitio", afirma el INVU, que además recuerda que dicho estudio de 2014 tenía vigencia de un año "si las condiciones del tránsito y la vialidad aledaña no cambian significativamente"; de lo contrario, debía actualizarse.

Dicho requerimiento "fue totalmente desatendido por la Municipalidad de Alajuela al tener el proyecto un cambio en su capacidad", continúa el Instituto en su más reciente oficio sobre el tema. Y cita un documento de Grupo Nación (propietario del Parque Viva) de junio de 2020 que cifra la capacidad del anfiteatro en 20.000 personas y del autódromo en 6.000.

De ahí la conclusión del INVU de que no se actualizó el estudio de impacto vial para reflejar el cambio de actividad del recinto ni se hicieron mejoras viales. Además, la institución echa en falta un "estudio técnico" que desarrollara un "análisis macro" de demanda y oferta de transporte y uno "micro" de los impactos sobre la movilidad.

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"Ambos enfoques debieron haberse desarrollado en un estudio técnico previo a la entrada en operación del proyecto; esto con el fin de mitigar los posibles impactos, porque se está ante un área en pleno desarrollo", concluye sobre este aspecto el oficio del INVU enviado este mes de octubre, que debe ser respondido por la Municipalidad.

Este medio contactó con la Alcaldía alajuelense para conocer si ya se ha brindado respuesta al INVU y con los responsables del Parque Viva para conocer su reacción a estos señalamientos, pero no hubo respuestas antes del cierre de esta noticia. Parque Viva tampoco ha informado sobre si ha presentado un plan remedial para volver a abrir.

El INVU y la Municipalidad también tienen diferencias de criterio con respecto a los usos de suelo otorgados al terreno en el que se ubica Parque Viva, la inconsistencia en el número de folios y en la información recogida en el expediente del recinto, y la supuesta aprobación del proyecto sin disponibilidad de agua ni autorización de Bomberos.

Captura de pantalla del oficio DGIT-ED-5935-2014, del MOPT, con fecha del 1 de septiembre de 2014.

Competencia del INVU

Otra discrepancia que ha sido notable en los intercambios entre el INVU y la Municipalidad tiene que ver con la competencia de la institución gubernamental para increpar a la Alcaldía sobre los permisos que ha otorgado en el pasado. En su oficio del 8 de agosto, el gobierno municipal cuestiona directamente que el INVU tenga esa potestad.

Tras citar la Ley del INVU, la Municipalidad afirmó que en dos artículos de ese documento no se establece "la potestad de cuestionar los permisos otorgados por otras instituciones, en este caso Municipalidades", pues su labor es la de "acompañar en el proceso del Plan Regulador y hacer las observaciones que consideren".

"Debe reiterarse la posición transparente y neutral de la administración municipal en esta situación", dijo. "No aceptamos cuestionamientos que vengan a socavar la imagen institucional; no obstante, estamos en la mejor disposición para aclarar dudas e incluso acompañar a los funcionarios estatales que se designen en el análisis", añadió.

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Ante esto, el INVU respondió —en el mencionado oficio del 4 de octubre— citando la misma ley, que indica que una de sus funciones es "promover y efectuar estudios e investigaciones sobre todos los aspectos de vivienda y urbanismo […], procurando la mayor divulgación de sus resultados, a fin de señalar las orientaciones convenientes para el país".

También alude el INVU a la Ley de Planificación Urbana para respaldar su accionar, y señala que "este Instituto no puede evadir ni olvidar su deber de vigilancia y poder de policía en el cumplimiento de la denuncia de infracciones cometidas al Plan Regulador Local, y continuará haciéndolo para procurar un adecuado desarrollo urbano".

Dicho oficio es firmado por la presidenta ejecutiva del INVU, Jéssica Martínez (también ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos), y la jefa del departamento de urbanismo del INVU, Hilda Carvajal.

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El oficio de la Municipalidad es firmado por el alcalde, Humberto Soto, y recoge las aclaraciones de Marvin Barberena, coordinador de actividad de control constructivo de Alajuela, y Roy Delgado, director de planeamiento y construcción.