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Opinión de la Corte IDH sobre matrimonio gay es obligatoria, según Procuraduría

​Abogado del Estado además indicó que se debe declarar inconstitucional inciso del Código de Familia que establece "legalmente imposible" el matrimonio entre personas del mismo sexo

Las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) son de acatamiento obligatorio en Costa Rica.

En ese sentido respondió la Procuraduría General de la República (PGR) ante una consulta de la Sala Constitucional, como parte de una acción de inconstitucionalidad presentada por una pareja contra la Dirección Nacional de Notariado por haber girado un directriz que impide a sus profesionales inscribir uniones civiles entre personas del mismo sexo. El recurso está pendiente de resolución por parte de los magistrados.

De acuerdo con el oficio ADPB-ESC-8986-2018, el cual data del 9 de marzo y que fue dado a conocer este sábado por Delfino.CR y La Nación, el abogado del Estado recordó al Tribunal Constitucional la jurisprudencia emitida en el pasado, la cual hace vinculantes las opiniones del organismo internacional, "máxime si la opinión fue solicitada" por el país indica la publicación citando al procurador general, Julio Jurado Fernández.

"El criterio de mayoría de esa Sala Constitucional ratificó el carácter vinculante para la jurisdicción constitucional del control de convencionalidad diseñado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conformado por su jurisprudencia y opiniones consultivas", establece la respuesta.

Debido a la anterior es que carece de sentido desconocer el criterio del máximo tribunal del continente si el mismo daría sentido a la acción de inconstitucionalidad, según Jurado.

La Procuraduría también indicó que el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia -el cual establece que es "legalmente imposible" el matrimonio entre parejas del mismo sexo" debe ser declarado inconstitucional ya que "resulta contrario al bloque de constitucionalidad" no tutelar sus derechos.

El 9 de enero del presente año, la CorteIDH se pronunció ante una consulta sobre derechos de la población LGTBI hecha en 2016 por la entonces vicepresidenta, Ana Helena Chacón Echeverría, en nombre del Gobierno de la República de Costa Rica. El criterio del organismo estableció que el país, además de 19 estados americanos, deben garantizar a las parejas gay todos los derechos contenidos en la legislación, incluido el matrimonio.