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Normativa sobre aborto impune cumple en octubre dos años de atraso y aún sin fecha de implementación

Lanzan campaña para evidenciar deuda del Estado en garantizar el acceso a este procedimiento garantizado en el Código Penal

En octubre del 2015, el estado costarricense inició un proceso conciliatorio dentro del cual se acordó la creación de una normativa para la aplicación del aborto terapéutico en establecimientos de salud públicos y privados, sin embargo, desde entonces el borrador se encuentra en negociación sin una fecha establecida para su puesta en marcha.

Esta situación convocó a diversas organizaciones sociales para exigir la habilitación del protocolo para el procedimiento, el cual se encuentra amparado en el artículo 121 del Código Penal.

La normativa es uno de los compromisos que asumió el Estado en un proceso conciliatorio para evitar una demanda por parte de dos mujeres, conocidas como Ana y Aurora, a quienes se les negó la interrupción del embarazado a pesar de poner en riesgo su salud y vida. Ante esta situación, ellas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En octubre se cumplen dos años del inicio de las conversaciones, sin embargo, hasta la fecha no hay un documento final para la aplicación del procedimiento.

La abogada especialista en derechos humanos y representante de Ana y Aurora, Larissa Arroyo, indicó que es evidente el atraso en el incumplimiento del compromiso asumido por Costa Rica, y aunque las negociaciones siguen en pie, el proceso lleva meses estancado.

"En un estado de derecho social y democrático, las mujeres deberían tener garantizado el aborto terapéutico cuando decidan que es la mejor opción, esto no tiene que ver con promover el aborto, estamos hablando de casos específicos cuando se previene la salud o la vida. La imposición de creencias personales no pueden estar por encima de la legalidad. Tenemos que cumplir la ley y recomendaciones de derechos humanos", señaló la activista.

Se intentó contar con la posición de la Cancillería de la República, quien representa al país ante la CIDH, sin embargo, al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta.

La directora de la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eugenia Gutiérrez, explicó a este medio en junio anterior que continúan con la revisión del documento que elaboró a finales del año anterior un equipo técnico liderado por el Ministerio de Salud.

"La revisión es principalmente jurídica para que la norma sea dentro de los alcances del 121 del Código Penal, en cuanto a plazos y procedimientos que establece", indicó la funcionaria en ese momento.

Arroyo mencionó que siguen abiertas al diálogo, pero a la espera de una respuesta pronta.

"El acuerdo amistoso está en pie a nuestro entender, seguimos con total voluntad de firmar el acuerdo amistoso, hasta ahora el primer paso sería la aprobación técnica y estamos a la espera", declaró.

Campaña

Para presionar la promoción de la normativa, la organización Acceder en conjunto otras lanzaron este martes la campaña #SaludyVida121 que urge al país la puesta en marcha de este protocolo que permita a las mujeres el acceso pleno a la interrupción del embarazo tal y como lo establece el Código Penal.

El artículo 121 de la ley permite el aborto cuando la salud o vida de la madre está en riesgo, sin embargo, carece de un protocolo para que los especialistas en la materia lleven a cabo el procedimiento.

Además de concientizar sobre la urgencia de la normativa, la campaña incluirá el lanzamiento de un sitio web que educará a las mujeres sobre la manera para denunciar en caso de que se le niegue la aplicación del procedimiento.

La plataforma estará disponible el 28 de septiembre, Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto.

Arroyo comentó que es importante ofrecer a la población estas herramientas para garantizar el cumplimiento del derecho, pero sobre todo la salud y vida de la población femenina.

El protocolo será de acatamiento obligatorio tanto para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como para los centros hospitalarios privados.