Nuevo arreglo de pago para que PAC termine de cancelar ¢627 millones que debe al Estado por estafa

El Partido Acción Ciudadana (PAC) obtuvo un nuevo arreglo de pago para terminar de cancelar los ¢627 millones que adeuda al Estado por una estafa cometida en el 2010 al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La agrupación ya había pagado ¢200 millones en agosto del año pasado y para este mes debía depositar a la Procuraduría General de la República otro abono de ¢100 millones. No obstante, logró renegociar y ahora acordó abonar la suma de ¢26 millones este mes y la misma cifra en diciembre.

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“Este paso es parte de la ruta financiera que hemos trazado para que el partido pueda cumplir con sus obligaciones y asegurar su permanencia en la política nacional” señaló el presidente del partido, Fabián Solano, por medio de un comunicado de prensa.

El nuevo acuerdo establece que el cuarto pago de la agrupación corresponde a ¢100 millones y se debe depositar el 16 de diciembre de 2023.

El quinto pago, también por ¢100 millones, deberá pagarse el 16 de enero de 2025. El sexto y último abono es de ¢137 millones y tiene tiempo de cancelarlo hasta el 29 de junio.

El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José homologó mediante resolución 673-2021 del 1° de julio de 2021, un arreglo entre el Partido Acción Ciudadana y la Procuraduría General de la República, para cancelar la indemnización.

Estafa al Estado

El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José sentenció al extesorero de Acción Ciudadana, Maynor Sterling Araya, así como al exadministrativo del partido Manuel Antonio Bolaños Murillo, a seis y tres años de cárcel como responsables de una estafa contra el TSE por 179 contratos de servicios especiales suscritos en la campaña de 2010.

La agrupación fue solidariamente condenada al pago de una indemnización de ¢352 millones más intereses y costas, pero ese monto posteriormente subió luego de que ese mismo órgano jurisdiccional -aunque con una conformación distinta- aumentó a ¢512 millones el monto que el partido deberá pagar por la estafa al Tribunal Supremo de Elecciones.

Esto ocurrió luego de que el Tribunal Penal, a solicitud de la Procuraduría, sumara ¢160 millones por daños patrimoniales tras confirmarse que en la primera resolución se excluyó del cálculo de la condena civil la indemnización correspondiente a 81 contratos por servicios especiales simulados como parte del fraude.