Pese a directriz del Gobierno, solo seis de 23 ministerios cuentan con sitio de datos abiertos

Pese a una directriz del Gobierno de la República que establece la obligatoriedad para toda la Administración Central, sólo seis de 23 ministerios cuentan con un sitio en internet especializado para el consumo de datos abiertos por parte de los ciudadanos.

Así lo revela un estudio conjunto elaborado entre agosto del 2016 y setiembre de 2017 por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y la Universidad Hispanoamericana (UH), el cual consiste en someter a prueba todos los portales de las entidades que conforman el Gobierno Central.

Datos abiertos significa que el usuario puede acceder a datos como, por ejemplo, el listado de funcionarios institucionales, los planes y presupuestos, las planillas con el salario bruto, los informes de viaje, entre otros.

Para ello, cada institución debía superar al menos uno de los lineamientos establecidos en una disposición para datos abiertos que fue creada por un comité de expertos del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) y publicada el 14 de marzo de 2016 por el Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC), bajo el número INTE 27-02-02.

La regla establece 50 ítems de los cuales sólo 35 aplican para los portales en evaluación.

De acuerdo con la investigación académica, los únicos ministerios que cumplen al menos con una parte de la norma son: Presidencia, Comercio Exterior y Planificación Nacional, con un cumplimiento del 80 por ciento; así como el de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, con 77 por ciento; Educación Pública, con 69 por ciento; y Justicia y Paz, con 54.

Justamente los sitios de las primeras cuatro instituciones fueron desarrollados con la misma herramienta tecnológica, "lo que hace que prácticamente las mismas carencias se repliquen de un portal a otro", indica el estudio.

Tomando el caso de Presidencia como punto de partida, la investigación apunta que la información incluida en el espacio de open data es amplia y debidamente estructurada, pero presenta deficiencias como datos de actualización, la falta de nombres únicos estándar para los archivos, la omisión de instrumentos de comunicación o interacción con el consumidor y limitaciones de navegación.

Los demás ministerios bajo estudio son Agricultura y Ganadería; Ambiente y Energía; Hacienda; Cultura y Juventud; Economía, Industria y Comercio; Gobernación y Policía; Obras Públicas y Transportes; Relaciones Exteriores y Culto; Salud Pública; Seguridad Pública; Trabajo y Seguridad Social; y Vivienda y Asentamientos Humanos.

De igual manera, la investigación incluye el Ministerio de Comunicación, cuyo sitio web está inmerso en el de Presidencia; y los cuatro institutos dirigidos por funcionarios con rango de ministro: Deporte y Recreación, Turismo, Ayuda Social y Mujer.

En las páginas de internet de las restantes 17 entidades, el estudio determina que 12 de ellas cuentan con una pestaña de "transparencia" que "demuestra que las instituciones no tienen claro el concepto de datos abiertos, o simplemente incluyen este espacio en su sitio oficial con el fin de cumplir la directriz del modelo Gobierno Abierto, pero sin un debido control para verificar el cumplimiento de la normativa".

Según Edgar Oviedo, investigador de la Universidad Hispanoamericana, a finales del 2016 ni Hacienda ni el MOPT, contaban contaban con un espacio de transparencia; no obstante, los mismos ya fueron incorporados.

Directriz vigente

Costa Rica adoptó en 2012 el acuerdo asociativo denominado "Alianza para el Gobierno Abierto" (OGP, por sus siglas en inglés), el cual tiene como objetivo promover políticas para el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción y el gobierno electrónico en cada uno de los estados miembros.

El 13 de mayo de 2015 mediante el decreto N° 38994-MP-PLAN-MICITT, el Poder Ejecutivo creó la Comisión Nacional por un Gobierno Abierto (CNGA) con el objetivo de coordinar y facilitar la implementación de esa iniciativa, incluyendo la definición de ejes temáticos bajo los que se creará un plan de acción con su respectiva ruta y compromisos concretos. En ese mismo año se definió el primero de los planes, bajo los principios de igualdad entre los géneros, ciudades sostenibles, acción por el clima, paz y justicias, y poblaciones vulnerables.

El 12 de mayo de 2017 entraron en vigencia dos decretos (N° 40200-MP-MEIC-MC y N° 40199-MP), firmados por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, y el entonces ministro interino de la Presidencia, Luis Paulino Mora Lizano; en los que se establece la aplicación obligatoria de la apertura de datos públicos para toda la Administración Pública Central y Descentralizada.

Las entidades públicas tenían 90 días de plazo para cumplir con los disposiciones.