Piden a Sala IV anular orden de jueza que prohíbe a Justicia referirse a temas penitenciarios

La Sala Constitucional recibió la mañana de este viernes un amparo en el que se solicita anular la orden del Juzgado de Ejecución de la Pena que prohíbe al Ministerio de Justicia y Paz (MJP) referirse a temas penitenciarios, aún cuando es parte de sus funciones.

El recurso fue presentado por el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas Barrantes, en contra de la la jueza Mayra Acevedo Matamoros por dictar una medida cautelar atípica en el marco de las medidas correctivas de seguimiento respecto a un incidente de hacinamiento en el Centro de Atención Institucional (CAI) San José.

Al amparo se le asignó el expediente 21-019575-0007-CO y desde ese momento quedó en análisis de admisibilidad.

En el recurso, el sindicalista pide a los magistrados dejar sin efecto "de manera inmediata" la disposición de Acevedo Matamoros mientras se resuelve el amparo y que este último sea declarado con lugar.

"Que se declare que la medida cautelar atípica es contraria al derecho de la Constitución Política y vulnera los derechos fundamentales de los funcionarios penitenciarios, de las personas periodistas y de la ciudadanía en general", señala la última de las solicitudes incluidas en el recurso.

La orden del Juzgado de Ejecución de la Pena fue dada a conocer el jueves por la ministra del ramo, Fiorella Salazar Rojas, mediante una breve declaración circulada por su oficina de prensa.

"Esta tarde, hemos recibido una orden judicial que le indica a las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz que no pueden referirse a temas penitenciarios. A partir de este momento, empezamos a acatar esa orden", manifestó la jerarca en un video grabado en su despacho, en el cual se observa una figura sobre el escritorio con una mordaza puesta.

Desde ese momento, el departamento de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia fue consultado sobre la medida cautelar sin que al momento de esta publicación se haya recibido una respuesta.

Según el amparado, la disposición de Acevedo Matamoros se da "mientras se encuentre en trámite el presente proceso judicial" e incluye la obligación de abstenerse de "realizar manifestaciones, consideraciones u opiniones que pongan en entredicho los principios de independencia judicial y de juez natural".

Lo anterior "a efectos de garantizar que el derecho fundamental de justicia sea ejercido libre de todo tipo de injerencia y control, para que las decisiones que se adopten no solo se encuentren ajustadas a derecho, sino también sean absolutamente imparciales".

Esta orden del Juzgado de Ejecución de la Pena se da en momentos en que los poderes Ejecutivo y Judicial se enfrentan por el colapso de las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) así como de los centros penitenciarios administrados por la Dirección General de Adaptación Social (DGAS).

Reiteradamente, el director general de la Policía Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, ha urgido una solución indistintamente, pues al martes pasado, 358 personas permanecían detenidas en las cárceles judiciales, de las cuales, 288 están a la espera de ingresar a los penales.

"Todas esas 358 personas que están en celdas judiciales están en condiciones deplorables, infrahumanas, transmundanas, insalubres y vergonzosas para el Estado costarricense", mencionó el funcionario durante una audiencia pública ante la Sala Constitucional.

Espinoza recordó que ese tribunal ha fallado reiteradamente en que las cárceles judiciales son de tránsito y por lo tanto, los aprehendidos no pueden pasar más de 72 horas en ellas; sin embargo, actualmente se tienen casos de personas que tienen hasta 17 días en esos recintos. Estos calabozos no tienen acceso a luz natural, están saturados y quienes se encuentran en ellos, según el jefe policial, no tienen un lugar para dormir ni para bañarse o lavarse los dientes. Además, muchos deben pasar prácticamente todo el día de pie o sentados, sin espacio para caminar o hacer ejercicio.

Lea: Corte urge a Justicia solución para colapso de celdas y advierte de paralización de audiencias