Plan para impedir huelgas en servicios esenciales avanza en el Congreso
Iniciativa propone regular las manifestaciones en 18 servicios
24/04/19 | 14:54pm
En una votación dividida, la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa dictaminó la tarde de este miércoles un proyecto de ley que plantea prohibir las huelgas en los servicios públicos esenciales.
La versión que regula las manifestaciones recibió el apoyo de los diputados Yorleny León (proponente) y Luis Aiza, del Partido Liberación Nacional (PLN); Catalina Montero, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Xiomara Rodríguez, del Partido Restauración Nacional (PRN); y Érick Rodríguez, independiente.
En contra se manifestaron Víctor Morales, oficialista; Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN); y Nidia Céspedes, del bloque Nueva República.
"Se trata de un proyecto que reforma el Código de Trabajo para solventar un vacío legal existente, y cuyo objetivo es garantizarle a los ciudadanos la continuidad de los servicios públicos por parte del Estado en todo momento", explicó León.
La iniciativa plantea un listado de servicios públicos esenciales, conformado por salud, seguridad, comedores escolares, educación pública, suministro de combustibles, atención de poblaciones vulnerables, suministro de agua, depósitos y retiros bancarios, telecomunicaciones, control de tráfico aéreo, acceso a la justicia, tránsito, centros penitenciarios y atención de emergencias.
Para esos casos, la propuesta busca habilitar un arbitraje obligatorio para que los conflictos económicos-laborales puedan ser resueltos, en vez de la huelga.
También incorpora la calificación de servicios públicos de trascendental importancia, que tienen que ver con la recolección de basura, la celebración de consultas populares en todas sus modalidades, el control migratorio y aduanero.
En estos, se establece que serán sometidos a un régimen de servicios mínimos que deben estar contenidos en un plan remedial, sujeto a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).