Proyecto pretende utilizar fondo de pensiones de los educadores para financiar obras públicas

Un proyecto de ley que presentará este mes la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) pretende ampliar el portafolio de inversiones para su fondo, de manera que puedan participar en el financiamiento de obras públicas.

Este martes, la entidad dio a conocer de la iniciativa, que ya es de conocimiento de la Asamblea Legislativa y el Gobierno de la República.

De acuerdo con el director ejecutivo de la Junta, Róger Porras, el objetivo de la iniciativa es dar sostenibilidad al Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), al permitirle, por ejemplo, financiar la construcción de carreteras, centros educativos o médicos.

"Claro está que todo esto tiene que hacerse con una adecuada gestión de los riesgos asociados. Tenemos que tener una total claridad de los mitigadores de riesgos que podemos tener para participar en diferentes proyectos y por supuesto identificar cuales proyectos pueden generar un retorno suficiente que contribuya a pagar pensiones.

En lugar de que estos recursos se los puedan estar llevando algunas otras empresas o transnacionales, o algunos inversionistas foráneos, diay, la idea es que todo esto pueda ser un negocio que quede en Costa Rica mismo", manifestó el funcionario.

Esta sería la primera ocasión en la que un fondo de pensiones realiza ese tipo de inversiones; que sí son comunes en Noruega, explicó Porras.

También abriría la posibilidad para invertir en mercados financieros internacionales.

En total, ese fondo posee una reserva de $4 mil millones, que es el equivalente al 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según el director de la Junta. A él pertenecen unos 94 mil profesores de todos los niveles ingresaron a laborar después del 15 de julio de 1992, tanto en el sector público como privado.

Porras aclaró a las 1.750 pensionados del régimen que todas inversiones que vaya a realizar la institución deberán de ajustarse a los instrumentos legales existentes y a estrictos criterios de gradualidad y evaluación, minimizando al máximo el riesgo asociado.

Asimismo, la propuesta incluye un endurecimiento en las acciones de cobro de cotizaciones a los centros educativos, con el fin de disminuir los casos en los que los patronos no trasladan las cuotas, o bien, castigarles cuando no lo hacen.

Para ello apuntan a reformar la Ley Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional de manera que se tipifique esos casos como una retención indebida, la cual es castigada con entre 6 meses y 10 años de cárcel.

Asimismo aspira a que obligue a la Dirección de Educación Privada no otorgue permisos de funcionamiento a los centros que estén morosos con la seguridad social o con el Régimen de Capitalización Colectiva.

La iniciativa fue aprobada por la directiva de la entidad, que está conformada por representantes de la Asociación de Funcionarios Universitarios Pnesionados (AFUP); la Asociación Nacional de Educadores (ANDE); el Colegio de Licenciados y Profesiones en Letras, Filosofía y Artes (Colypro); el colectivo Organizaciones Laborales de las Instituciones Estatales de la Educación Superior (Olies); el Sindicato de Trabajoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC); la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP); y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).