Plan que permite a 30% de trabajadores convocar a huelga afectaría exportaciones, considera Cámara de Agricultores

crítica​Proyecto no debe aprobarse, dice Juan Rafael Lizano, representante de agroexportadores


La Cámara Nacional de Agricultores y Agroindustriales (CNAA) manifestó este miércoles su preocupación y oposición al proyecto de ley impulsado por el PAC, PUSC y Frente Amplio, mediante el cual se avalaría que un 30 por ciento de los trabajadores de una empresa donde no existe sindicato puedan convocar a huelga.

El presidente de la CNAA, Juan Rafael Lizano, explicó durante el programa Nuestra Voz, que la aprobación de esta propuesta traería consecuencias negativas para el sector y para la economía del país, con afectaciones directas sobre las exportaciones de productos agrícolas.

"La agricultura exporta alrededor de 350 mil contenedores por año. Vamos a un sistema en que las huelgas no se podrán parar. Actualmente cuando los trabajadores convocan a huelga, ese tiempo para que se declare legal o ilegal es productivo, porque se siguen manejando grúas, trayendo barcazas, etc. También se sigue exportando. Si se aprueba esta ley esto cambiará", dijo Lizano.

presidente de la cámara nacional de agricultores y agroindustriales, juan rafael lizano

De acuerdo con el presidente de la CNAA en caso de una huelga las pérdidas serían elevadas, debido a que al tratarse de productos perecederos no tienen mucho margen de tiempo que perder para sacar los productos y enviarlos a su destino final.

"Para nosotros esta ley no debe pasar pues nos afectaría y provocaría un efecto negativo en la economía del país", dijo Lizano.

En general, el sector empresarial del país ha mostrado su descontento con la iniciativa. Este martes el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), Ronald Jiménez, manifestó en el programa Nuestra Voz que no es posible permitir que una minoría de trabajadores puedan tomar la decisión de ir a huelga.

La propuesta está incluida en la Reforma Procesal Laboral que la expresidenta de la República, Laura Chinchilla vetó en octubre de 2012.