Reclaman ante Sala IV "abuso de autoridad y privación de personas" en allanamientos contra Iglesia

Un abogado de apellido Herrera -quien no se identificó como representante legal de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor)- presentó un recurso de amparo por los allanamientos realizados el jueves a dos sedes de la Iglesia católica.

La Sala Constitucional confirmó a AmeliaRueda.com que el recurso ingresó este viernes y que se encuentra en trámite bajo el expediente 19-004005-0007-CO.

De acuerdo con la información suministrada a este medio, el recurrente alegó que durante la diligencia se dio un abuso de autoridad de parte de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El señalamiento coincide con lo expuesto por los obispos en un pronunciamiento, que calificó de excesivo el allanamiento.

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Asimismo, denunció la privación de libertad de los funcionarios eclesiásticos que se encontraban en el lugar al momento de la diligencia.

El director de la Policía Judicial, Walter Espinoza, aseveró este viernes en una rueda de prensa (efectuada ante de que trascendiera el amparo) que los empleados fueron colocados en una sala de la Conferencia Episcopal, situada en Barrio México. Allí, los trabajadores hicieron una oración que -de acuerdo con los obispos- se vieron obligados a interrumpir por órdenes de los oficiales; sin embargo, el jerarca policial negó que eso se haya dado.

En el recurso además se indica que las autoridades judiciales irrespetaron los derechos fundamentales de la Iglesia y que hicieron un mal uso de los recursos públicos. Este medio intentó conversar con el abogado Herrera pero este no atendió las llamadas a su teléfono celular.

Espinoza rechazó que el cuerpo policial actuara fuera del marco de sus potestades, en el tanto que se cumplieron con las disposiciones establecidas en la ley. Fiel ejemplo de ello es, asegura, que el juez de garantías que participó de la diligencia no reportó ninguna irregularidad.

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El jerarca se sacudió de las críticas de los obispos al asegurar que sus agentes llevaron a cabo un allanamiento pasivo, que cumplió con los protocolos y que únicamente echó mano de la fuerza cuando los funcionarios eclesiásticos no pudieron habilitar el acceso a un baño, a unas gavetas y a unos casilleros.

Según comunicó la oficina de prensa del Ministerio Público, los allanamientos se llevaron a cabo por dos investigaciones independientes contra los sacerdotes Mauricio Víquez Lizano y Manuel Antonio Guevara Fonseca, sospechosos de presuntos delitos sexuales en perjuicio de menores de edad.

En el caso de Víquez, se encuentra prófugo de la justicia y contra él pesa una orden de captura internacional debido a una denuncia por violación contra un menor; mientras que Guevara fue detenido la semana anterior para ser indagado. Actualmente, él está en libertad pero con medidas cautelares.