Presidencia manejó datos sin protocolos de seguridad, afirma Defensoría de los Habitantes

"No solamente había carencias técnicas y de infraestructura detectadas, sino que no se tenían protocolos de seguridad". Esa fue una de las conclusiones de la Defensoría de los Habitantes en el informe final de su investigación sobre la actividad de los asesores de datos que trabajaron por más de año y medio en Casa Presidencial.

Dicha investigación, que fue remitida a la fiscala general, Emilia Navas, fue publicada este martes por la Defensoría.

"Tal y como es indicado por todas las partes involucradas en la reunión realizada el día 24 de febrero pasado en Casa Presidencial, el trabajo del equipo de facto se realizaba de forma “rústica”, con poco apoyo tecnológico, en una única computadora ubicada en un solo lugar, con la inexistencia de protocolos y considerándose erróneamente, que esto era solventando por el simple hecho que existieran contratos de confidencialidad", dice el documento de 26 páginas.

También señala que: "no hubo análisis de riesgos en protección de datos incluyendo protocolos de actuación, de seguridad, custodia de los datos, protocolo de identificación y manejo, los cuales permitan que un habitante, al sentirse afectado por el uso de sus datos personales, ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición", como solicita la Ley 8968, de Protección de Datos.

El informe además indica que el equipo de análisis de datos operaba "sin respaldo legal que justificara sus alcances, limitaciones y responsabilidades", y que "no contaba con los recursos tecnológicos y de infraestructura requeridos".

Esto, agrega el documento, hacía del grupo asesor "un equipo de hecho y no de derecho".

El equipo técnico que elaboró insumos para este informe estuvo conformado por la directora de Asuntos Jurídicos de la Defensoría, Catalina Delgado; el jefe de Informática, Hugo Escalante; y los funcionarios Wendy Durán y Guillermo Bonilla; bajo la dirección de la directora de Gobernanza Pública, Hazel Díaz.

La investigación inició desde el lunes 24 de abril, después de una reunión formal entre la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, con las principales autoridades de Gobierno (incluido el presidente Carlos Alvarado).

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La polémica por la actividad de los asesores de datos de Presidencia se desató después de que el Gobierno emitió un decreto para instaurar la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), con la cual buscaba institucionalizar el trabajo que ya venían realizando los asesores.

Ese decreto fue derogado menos de una semana después de su publicación, después de recibir una gran cantidad de críticas civiles y políticas por facultar a la nueva entidad para acceder a "datos confidenciales" y para financiarse con fondos privados.

Culpa también a la Prodhab

El informe de la Defensoría además criticó el papel de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab). A esta entidad la acusó de ser "omisa" de sus funciones.

"Si bien es cierto se determinó que desde un inicio no fue valorado su criterio, tal y como correspondía, considera la Defensoría de los Habitantes que, con base en la Ley Nº 8968, la Agencia ha tenido en todo momento la competencia suficiente para intervenir en este proceso, sea analizando el caso, requiriendo la existencia de protocolos de actuación, o incluso, emitiendo una medida cautelar".

"La Agencia de Protección de Datos fue omisa en el cumplimiento de sus competencias al no intervenir según lo establece la Ley No. 8968", dice el texto.

Actualmente, la gestión de los asesores de datos del Gobierno es investigada política y penalmente por la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la República.

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La Asamblea Legislativa abrió una comisión investigadora que recibirá a 22 comparecientes (incluido el presidente Alvarado); mientras que la Fiscalía General abrió una causa (expediente ) y ya realizó 10 allanamientos, por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley).

En ese segundo plano, se investiga al presidente Carlos Alvarado; al ministro de la Presidencia, Víctor Morales; al viceministro de Planificación, Daniel Soto; a los tres asesores de datos de Presidencia, Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos y Daniel Fernández; al exasesor legal, Luis Salazar; y a la jefa de despacho de Presidencia, Felly Salas.