Alvarado no leyó decreto que instauraba UPAD: "Es humanamente imposible" leer todo decreto

El presidente Carlos Alvarado no leyó el decreto 41996, que pretendía establecer formalmente la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) como un órgano asesor del despacho del Presidente de la República. Alegó que posteriormente detectó un error de redacción en el texto, pero que no lo leyó oportunamente antes de su firma y publicación, porque le es "humanamente imposible" revisar todos los más de 5.000 documentos que ha tramitado durante su mandato.

Así respondió el mandatario ante el diputado José María Villalta, del Frente Amplio (FA), la tarde de este miércoles durante la sesión de audiencia con la comisión investigadora que analiza el caso UPAD en la Asamblea Legislativa.

"Yo constaté que tuviera las firmas de los jerarcas y procedí a firmarlo", comentó, después de aceptar que no lo revisó antes de su publicación ni expresó dudas sobre su contenido. "Yo no soy experto en técnica, ni legal ni en temas de datos, entonces partí de la confianza del proceso que llevó para llegar ese punto y que tuviera mi firma", agregó.

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El presidente Alvarado aseguró que considera una buena práctica leer los documentos antes de firmarlos; sin embargo subrayó que ve "humanamente imposible" analizar cada texto que llega a sus manos. "Es humanamente imposible, en mi caso, leer 5.200 documentos porque me apartaría de gobernar", subrayó.

El artículo 7 del decreto 41996 establecía que las instituciones estatales deberían permitir a la UPAD "el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquellos casos particulares donde la información sea considerada como secreto de Estado". Asimismo, indicaba que también se brindaría "acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera (...) en cumplimiento de los incisos e) y f) del artículo 8º de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley Nº 8968".

Alvarado comentó que esa redacción fue un error, pues le concepto de "datos confidenciales" era inexacto y se prestaba para malas interpretaciones, más allá de los demás controles legales que se incluía la norma en relación con la protección de datos privados.

"El error parte de usar el término de "datos confidenciales", que es un término una categoría legal que no está. Entonces cuando se lee de manera aislada "se brinda el acceso a la UPAD de información de carácter confidencial con las que cuenten las instituciones públicas", se genera la gran zozobra y preocupación pública (...) ese extracto puesto así es lo que genera esta idea de lo que se iba a hacer, que yo espero se haya aclarado ya, de que no iba a haber una unidad espía o de husmeo de datos de la gente", subrayó.

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No siguió proceso normal

El diputado Villalta además hizo énfasis sobre el hecho de que el decreto no siguió un proceso normal en Presidencia. Ya antes lo habían cuestionad las diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández y Ana Lucía Delgado, quienes interrogaron al presidente sobre por qué el decreto no pasó a estudio del Departamento de Leyes y Decretos.

Esa información había sido confirmada por las autoridades de ese despacho a la comisión investigadora.

Alvarado afirmó que el firmó el decreto sin saber que eso había ocurrido y que lo firmó porque pensaba que había seguido los procedimientos adecuados. "Cuando yo firmo algo, lo hago porque ha llevado el procedimiento y es el procedimiento estándar, y yo cuando firmo certifico que tenga las firmas de los jerarcas responsables y con esa confianza yo procedo", explicó.

Pese a la irregularidad, Alvarado evitó realizar un análisis sobre el tema y afirmó que no le consta que se le haya querido impulsar a firmar algo sin el debido proceso. Hizo énfasis en que no profundizaría sobre cuestiones legales que siguen en investigación.

El presidente también comentó que no estuvo involucrado en el detalle directo de las solicitudes de información hechas por sus asesores de datos y que él únicamente giraba instrucciones sobre los temas que había que analizar y de los objetivos de política pública. "Yo me doy cuenta de pormenores una vez que hay algunas publicaciones sobre este tema, pero el pormenor de qué se pidió, de qué carta se envió, el coreo electrónico... yo no participaba en eso. Un presidente que esté viendo oficios, enviando cartas o revisando correos electrónicos yo creo que estaría muy alejado de su labor", concluyó, no sin antes reiterar que nunca hubo interés de obtener información singular de ningún ciudadano costarricense.

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Caso UPAD

El presidente Alvarado es investigado penal, administrativa y políticamente por el 'caso UPAD'. Las investigaciones penales incluyen a ocho personas, inicialmente, por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato, bajo el expediente 20-005433-0042-PE.

Aparte de Alvarado, se investigan al entonces ministro de la Presidencia y actual diputado oficialista, Víctor Morales; y al exviceministro de Planificación, Daniel Soto. También a los tres anteriores asesores de datos de Presidencia, Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos y Daniel Fernández; al exasesor legal Luis Salazar y a la exdirectora de despacho del Presidente, Felly Salas.

Las investigaciones en curso buscan determinar si el equipo asesor de datos del presidente infringió derechos sobre registros personales de ciudadanos y si los miembros de gobierno actuaron apegados a la ley al intentar establecer formalmente la unidad vía decreto, en febrero de 2020.

Presidencia ha dicho en reiteradas ocasiones que el equipo asesor de datos funcionaba como un ente de consulta regular para la formación de política pública (como ocurre en cualquier equipo administrativo) y que nunca utilizó datos sensibles, a los que no tuviera acceso por vías estrictamente legales, según el conocimiento de las autoridades.