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Presidente de la Corte critica reforma fiscal y su trámite por el Congreso

​Magistrado Fernando Cruz se inhibirá en eventual consulta constitucional

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, arremetió este martes contra el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, así como el trámite que ha llevado este en la Asamblea Legislativa durante el último año.

Durante la sesión de Corte Plena, en la que los magistrados tenían discuten una respuesta a la consulta hecha la semana anterior por los diputados, el jerarca del Poder Judicial criticó que haya sido hasta después del primer debate que los diputados publicaran el texto en el diario La Gaceta y se haya hecho la consulta a instituciones.

"La tesis de doña Rocío (Rojas Morales, jueza que realizó un repaso histórico de la Constitución Política y la Asamblea Constituyente), muy bien explicada, no excluye la necesidad de afirmar que (el plan fiscal) incide en el funcionamiento del Poder Judicial", indicó Cruz.

El alto juez coincidió con el criterio emitido por la Dirección Jurídica de la Corte, en el que se determina que la reforma tributaria afecta la independencia de ese poder, al someter a lo que el Gobierno de la República disponga en materia de empleo de los trabajadores judiciales.

De acuerdo con Cruz, algunas de las medidas fueron introducidas en las últimas semanas sin tener criterio técnico que sustente que no incidiría en la Corte.

La afectación que consideró el decisor, en caso de ser respaldada por una mayoría de sus compañeros, exigiría al Congreso -por mandato constitucional- a aprobar el expediente 20.580 con 38 votos y no con 35, como ocurrió el pasado 5 de octubre en la primera discusión.

El magistrado insistió en que la consulta debió realizarse antes de que fuera votado en primer debate y no después, como finalmente ocurrió. Además, debió anticiparse por un diálogo constante con el máximo órgano del Poder Judicial.

Cruz cuestionó el procedimiento contenido en el artículo 208 bis. del Reglamento de la Asamblea Legislativa (RAL), por considerarlo como la “McDonalización (en referencia a la cadena de comida rápida) del derecho parlamentario”, situación que limita los espacios para el diálogo y la discusión democrática, situación que considera podría ser inconstitucional.

Antes de emitir criterio, el magistrado se inhibió de conformar la Sala Constitucional ante una eventual consulta facultativa que realicen 10 legisladores o más.