Presidente sobre empleo público: Sala IV debe tener claro que está en juego la estabilidad del país

El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, llamó este viernes a la Sala Constitucional a considerar en su análisis de las cuatro consultas facultativas planteadas sobre el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, que esta iniciativa es clave para la estabilidad económica y el futuro del país.

Durante una atención a medios de comunicación, realizada en una visita a la nueva escuela Enrique Riba Morella en Pilas de San Isidro de Alajuela, el mandatario insistió en la necesidad de que la iniciativa se convierta en ley.

"Yo lo que digo es que es necesaria la ley de empleo público para tener más equidad dentro del propio sector público y entre el sector público y el sector privado. Pero también es un tema de realismo: si no pasamos una ley de empleo público como ya pasamos un acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional - FMI), otra vez la estabilidad económica de Costa Rica se ve comprometida. Eso también está en juego.

"Eso creo yo tienen que tenerlo presente las autoridades de todos los poderes. Nosotros lo tenemos claro, parece que los diputados en su mayoría también y creo que ahora la Sala Constitucional debe tener presente el elemento de que también está en juego la estabilidad económica y el futuro del país", manifestó el gobernante.

Alvarado Quesada además señaló al tribunal aspectos de forma que ha aplicado en el pasado, de los que espera un trato igualitario entre los Poderes de la República ahora que la Corte Suprema de Justicia acordó dos días atrás formular una consulta facultativa sobre la propuesta; siendo la primera vez que el Poder Judicial acude a esta figura.

"La Sala Constitucional ya ha planteado que una vez que recibe el expediente, cualquier otra consulta, está fuera de plazo y no puede ser recibida. Y eso se lo ha dicho a los diputados, que son otro poder de la República. Lo primero que está por verse es si se va a aplicar un principio de igualdad en esto o si va a haber desigualdad. Y esa señal va a ser muy importante, porque vamos a ver si hay igualdad entre poderes o si unos son más iguales que otros. Pero dos, más allá de este tema formal, los poderes de la República gobernamos para todos los costarricenses. Y aquí también tiene que aplicar un principio de mayor igualdad y mayor equidad. Hay privilegios en el sector público, y no en todo. Hay algunos sectores que tienen más privilegios que otros. Y ciertamente hay sectores del sector público que tienen muchísimos privilegios frente al 75% de los costarricenses que trabajan en el sector privado", declaró.

"Esta que vamos a tener, esta discusión, tiene que ver con una discusión en nuestra sociedad de la equidad y de la justicia. Y está en manos de la Sala Constitucional ahora sopesar eso. Y está en juego también, si la Corte Plena ha decidido dar este paso, el visibilizar si como poderes gobernamos para todo un país como nos corresponde. Yo creo que lo que está por verse es si todos somos iguales o si hay unos más iguales que otros", añadió.

Cuando se le consultó si cree que el Poder Judicial intenta proteger sus privilegios, el presidente descartó hacer una valoración.

Las manifestaciones del mandatario se dan el mismo día en que la Sala Constitucional conformó el tribunal que resolverá las consultas planteadas al expediente 21.336, todas las cuales fueron acumuladas bajo el número de referencia 21-011713-0007-CO.

Este procedimiento marca el inicio del cómputo del plazo de un mes establecido en la Ley de la Jurisdicción Constitucional para que el órgano evacúe las consultas, por lo que, a menos de que el tribunal requiera alguna diligencia que lo interrumpa, el espacio para resolver vence el 2 de agosto próximo.

Los magistrados que integrarán la Sala son Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Varga y Ana María Picado Brenes (instructora). Esta última suplirá a Fernando Cruz Castro, quien se inhibió de conocer el tema después de proponer y votar el acuerdo de Corte Plena para plantear la consulta facultativa (21-012714-0007-CO, 1 de julio).

Entre las consultas sobre las que el tribunal tendrá que pronunciarse están las presentadas por tres grupos de legisladores liderados por José María Villalta Flórez Estrada (21-011713-0007-CO, 17 de junio), Pablo Heriberto Abarca Mora (21-011915-0007-CO, 22 de junio) y Roberto Thompson Chacón (21-012118-0007-CO, 23 de junio).

La iniciativa empleo público fue aprobada en primer debate por 32 diputados el pasado 17 de junio.

Alvarado Quesada y su administración pujan con fuerza para la aprobación de esta propuesta. Todo apunta a que requerirá el visto bueno de al menos 38 legisladores en su segundo debate para convertirse en Ley de la República, aunque la decisión final la tendrá el tribunal constitucional.

Esta fue elaborada por el Gobierno de la República con el objetivo de disminuir su gasto y afinar sus cuentas fiscales en el mediano plazo, de cara al pacto de financiamiento con el organismo multilateral.

La iniciativa propone eliminar la posibilidad de establecer pluses salariales e impone una escala salarial única a todo el sector público, en lugar de los sistemas actuales compuestos (de salarios más incentivos económicos). Solo quedaron fuera de estas nuevas reglas las empresas públicas en competencia.

Además de ratificar la rectoría política del Ministerio de Planificación sobre el empleo público -así dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas- la propuesta señala responsabilidades técnicas del tema a la Dirección General de Servicio Civil (DGSC).

Estimaciones de la cartera apuntan que esta reforma ahorraría al Estado por año hasta un 1,8% del producto interno bruto (PIB).

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