No tenemos que pagarle nada al Banco Nacional por Hidrotárcoles, presidente del ICE a diputados

El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Carlos Manuel Obregón, indicó la mañana de este martes que la entidad que lidera no debe cancelar monto alguno de los $117,5 millones que otorgó el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) al consorcio Hidrotárcoles, para la construcción de la planta Capulín-San Pablo en Turrubares.

"De acuerdo con los equipos técnicos no tenemos que pagarle nada al banco", señaló el jerarca durante su comparecencia ante la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga los créditos que supuestamente fueron otorgados de manera irregular por la banca pública para hasta tres proyectos distintos.

Obregón rindió testimonio bajo juramento un día después de que el Instituto anunciara la ruptura de su contrato con las empresas a cargo de la obra -Sánchez Carvajal e Hidrobrujo S.A.- debido a un incumplimiento en los plazos de entrega y la entrada en operación del proyecto hidroeléctrico, resuelto el pasado 15 de enero tras un proceso administrativo.

Los diputados indagan si la entidad pública incurrió en alguna anomalía al determinar que no compraría energía a Hidrotárcoles, así como la posterior decisión de resolver el contrato por una serie de atrasos en la que el ICE y el desarrollador se contraponen: el primero apunta a que la fecha para que iniciaran las operaciones comerciales se había fijado para agosto de 2015, mientras que el segundo dice haber acordado que el funcionamiento sería en julio de 2017.

"¿Es decir que usted puede asegurar aquí como que no hay ninguna cláusula que los explique a pagarle un cinco al banco?", consultó la legisladora del Frente Amplio, Patricia Mora, durante su interrogatorio.

"Así es", respondió el presidente ejecutivo.

El instituto tiene entre sus obligaciones dar seguimientos a los contratos acordados bajo la modalidad Build Operate Transfer (BOT) -construir, operar y transferir; como es el caso de Hidrotárcoles- por lo que mientras se resuelve la disputa, especialistas de la entidad se mantienen en la zona en la que se desarrolla la obra, cuyos avances están calculados en un 46 por ciento.

El consorcio y el ICE adoptaron un contrato que fue firmado el 24 de abril de 2012, dando pie a la orden de inicio oficial de las obras, el cual se dio el 1 de agosto de 2012, según el comunicado de prensa divulgado por el ICE el lunes anterior.

La comisión investigadora estudia, además del caso de la planta hidroeléctrica Capulín-San Pablo, los préstamos otorgados por los bancos públicos a la Corporación Yanber y al proyecto La Brisas, a lo igual que el cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).