Procuraduría analizará legalidad de Uber ante consulta de diputado

análisis​Legislador de Acción Ciudadana quiere que se aclare legalidad jurídica

La Procuraduría General de la República se encargará de analizar la legalidad del servicio privado de transporte Uber, ante una consulta realizada por el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Franklin Corella.

La idea es conocer si el funcionamiento de la plataforma es legal, ilegal, o las consecuencias que podría tener, así como la situación de los usuarios, afirma el legislador.

Diputado PAC, Franklin Corella Vargas

Esta claro que esto implica el uso de plataformas de tecnología, las responsabilidades o no de los conductores, el uso de los vehículos en el transporte de personas, los seguros que cubren o no a las usuarios, son muchas dudas las que existen en este sentido y por ello la consulta a la Procuraduría, dijo el diputado.

A criterio del legislador, su posición es que Uber no se debe ver como una amenaza, sino que es un ejemplo de los tipos de empresas que funcionan en el país y otras que vendrían a futuro en circunstancias parecidas o distintas.

Corella afirma que busca saber los porcentajes que podría o no cobrarse a la empresa Uber como se hace en México donde ya funciona, cuyo impuesto se invierte en carreteras y mantenimiento de vías.

Es prudente también, agrega el legislador, que si ellos cobran un porcentaje de un 20 por ciento -por ejemplo- deciden pasarlo a un 50 por ciento, entonces qué sucedería por parte del cliente y el Estado y la regulación de esos porcentajes.

"Es claro que el costarricense quiere conocer la legalidad o no de Uber, pero además es de interés de los estados saber si es o no legal, de ahí la consulta. La situación jurídica de Uber se debe conocer dentro del marco regulatorio del transporte", concretó Corella.

El servicio de Uber en el país comenzó justamente hace una semana y ha generado polémica porque el gobierno lo considera ilegal.

La empresa por su parte argumenta que ellos brindan un servicio privado legal, como otros servicios en el país y que no violentan nuestras leyes.