Procuraduría busca aumentar en ¢160 millones cobro al PAC por estafa al Estado
Piden a Tribunal revisar 81 cantones más
31/01/20 | 12:06pm
La Procuraduría General de la República (PGR) busca aumentar en ¢160 millones el cobro por estafa del Partido Acción Ciudadana (PAC) al Estado mediante la simulación de contratos por servicios profesionales en la campaña electoral de 2010.
Por medio de un comunicado de prensa, la PGR informó que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José declaró con lugar un recurso de apelación contra la sentencia de diciembre de 2016, en la cual se condenó al PAC al pago de ¢353 millones por el delito de estafa.
Las autoridades judiciales determinaron que esa agrupación política cobró 179 contratos por servicios especiales luego de las elecciones presidenciales de 2010.
Ahora, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José deberá revisar otros 81 contratos por servicios especiales presentados por el PAC para obtener fondos de la deuda política.
Algunos de los contratos cuestionados por las autoridades judiciales están a nombre de diputados y exdiputados del partido oficialista.
En setiembre del año anterior, la Sala Tercera resolvió que un Tribunal de Apelación debía revisar nuevamente el monto de la pena impuesta al PAC por estafar al Estado.
En diciembre de 2017, el Tribunal de Apelación aumentó de ¢353 millones a ¢516 millones el monto de la pena que la agrupación debe pagar al Estado, esto debido a que la Procuraduría General de la República (PRG) argumentó que se incluyeron 84 contratos adicionales previamente no contemplados.
Junto a la condena económica, el Tribunal Penal de San José condenó a seis años de prisión al extesorero de la bancada oficialista Maynor Sterling y tres al colaborador Manuel Antonio Bolaños, bajo el delito de estafa mayor.
En mayo anterior, el PAC fue llevado a una audiencia ante la Sala de Casación Penal, donde alegó que el Tribunal de Apelación del II Circuito Judicial de San José le violentó derechos del debido proceso en la sentencia donde se aumentó su condena.
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En ese momento, el abogado representante del PAC, Érick Gatgens Gómez, indicó que los derechos violentados eran los de defensa, de audiencia, de contradictorio y de apelación.