Procuraduría reclama ¢160 millones más de indemnización al Estado por condena al PAC por estafa

La Procuraduría General de la República (PGR) insistió la mañana de este miércoles en incluir 82 contratos de servicios especiales a la condena por estafa impuesta al Partido Acción Ciudadana (PAC) y reclamó una indemnización al Estado de ¢160 millones más intereses al día de pago (por ahora más de ¢103 millones) y costas (¢21 millones) durante sus conclusiones en el juicio de reenvío iniciado el 1º de julio pasado.

Con este ajuste, solo por concepto de indemnización el monto a pagar por la agrupación sería de ¢512 millones. La decisión final dependerá del tribunal.

Por espacio de tres horas, el procurador penal Rándall Aguirre Mena explicó al Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José los motivos por la cuales considera que ese mismo órgano, pero con una conformación distinta, incurrió en una “exclusión ilegítima” de los acuerdos suscritos entre la agrupación y prestadores de labores.

En esa primera ocasión, el ente jurisdiccional optó por dejar fuera de la sentencia 84 contratos señalados por el abogado del Estado en su acción civil resarcitoria toda vez que no se aportó el testimonio de quienes ofrecieron los servicios, como sí ocurrió en otros 179 casos equivalentes a ¢352 millones.

Pero la Procuraduría alegó que esa decisión violentó el principio de libertad probatoria, ya que a ese debate se aportaron y admitieron evidencias documentales que apuntan a que el partido estableció un esquema fraudulento para incrementar el monto de gastos que podía liquidar de la deuda pública administrada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Ese argumento sí fue contemplado por el Tribunal al sentenciar penalmente a dos personeros de Acción Ciudadana que fueron encontrados responsables de hacer la estafa. Sin embargo, a la hora de condenar solidariamente a la agrupación, no lo hizo de la misma manera.

Aguirre Mena enfatizó en que 82 de los 84 contratos excluidos cumplían con las mismas condiciones que los restantes 179 pactos que sí fueron identificados como simulados por el Tribunal Penal.

Como ejemplo de ello, se tiene que los 261 contratos -los 179 incluidos y los 82 excluidos- fueron completados -en las funciones de los ciudadanos o cláusulas- por el extesorero del partido, Maynor Sterling Araya, posterior a la firma por parte del portador del servicio. Es decir, primero el documento fue rubricado y después se llenó el contenido de este.

El procurador indicó que esto se determinó en el primer juicio mediante una pericia forense que acreditó que la letra con la que se completaron los contratos pertenece a una sola persona y esto solo podía ocurrir si esta viajaba por todo el país (lo cual no fue comprobado) o si los documentos se llenaron posteriormente.

También se tiene que los pactos de servicios especiales coinciden en su mayoría en montos de ¢1,8 millones y ¢2,4 millones, con contadas excepciones.

Asimismo, se tiene que para cada uno de los 261 prestadores se simuló un supuesto recibo de bonos de serie B por ¢200.000 (que según la votación conseguida por el partido, se pueden canjear por deuda política). Pero Acción Ciudadana jamás entregó los certificados, sino que los mantuvo en su poder y generó los comprobantes para cumplir con los requisitos en las liquidaciones de gasto presentadas en esa campaña.

Esta situación refuerza los testimonios dados por 179 firmantes de los contratos de que los servicios por ellos brindados eran voluntarios y no pagados, y por ende no era necesario traer q testigicar a los restantes 82. Los relatos fueron recopilados por el Tribunal Supremo de Elecciones y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ); después fueron dados en el primer juicio ante el Tribunal Penal de San José.

Los prestadores entonces suscribieron el documento bajo engaño, muchos de ellos en actividades masivas del partido y otros eran personas de confianza, familiares y allegados de líderes así como candidatos de Acción Ciudadana.

A criterio del procurador, excluir los 82 contratos “rompe con la lógica” de las actuaciones que se acreditaron en el debate.

Estafa al Estado

El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José sentenció al extesorero de Acción Ciudadana, Maynor Sterling Araya, así como al exadministrativo del partido Manuel Antonio Bolaños Murillo, a seis y tres años de cárcel como responsables de una estafa contra el Tribuna Supremo de Elecciones (TSE) por 179 contratos.

La agrupación fue solidariamente condenada al pago de una indemnización de ¢352 millones más intereses y costas.

Ese monto puede incrementar durante el juicio de reenvío que arrancó este 1º de julio, toda vez que la Procuraduría General considera se excluyeron 82 contratos. De ser aceptada esa hipótesis por el Tribunal Penal del I Circuito de San José, el cobro a la agrupación subirá a ¢516 millones más intereses y costas.

La sentencia penal contra Sterling Araya y Bolaños Murillo y una parte de la condena civil (los ¢352 millones) se encuentran en firma. El caso se tramita en el expediente 12-000024-033-PE.