Procuraduría reclama ¢965 millones por daños sociales sufridos por corrupción en la trocha

El próximo lunes inicia la audiencia preliminar para determinar si el caso de corrupción de la trocha fronteriza va a juicio o no.

La Procuraduría General de la República (PGR) participa del proceso y realizará el reclamo económico material y social sufrido por los actos denunciados en el año 2012.

"Esta representación reclama la indemnización por el daño que sufrió la sociedad costarricense a raíz de estos actos de corrupción y que según peritaje de actuario matemático se estimó en poco más de 965 millones", manifestó la PGR.

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El representante del Estado también pedirá recuperar los montos que se pagaron con facturas irregulares.

"Según la pieza acusatoria las facturas con irregularidades que fueron presentadas a cobro ante el Conavi, suman un total de ¢1.234 millones. Sin embargo en razón que de esa suma solo fueron cancelados por el Consejo Nacional de Viabilidad la suma de ¢639 millones, es este monto el que se pretende sea resarcido por concepto de daño material", se agrega en la información.

Con estos reclamos económicos la PGR participa de la causa 12-00053-621-PE, "como actora civil en su condición de damnificado directo y como representante de la colectividad".

La Acción Civil resarcitoria presentada se interpuso contra 51 demandados civiles, debido a que además de los imputados (26) se incluyó en la demanda a otras personas físicas y jurídicas que según indicó la Procuraduría se beneficiaron de los hechos delictivos.

Audiencia

El Ministerio Público informó que el próximo lunes 30 de septiembre inicia la audiencia preliminar de la causa conocida como la trocha fronteriza.

"Iniciará el próximo 30 de septiembre y está programada para concluir en enero del 2020; la Fiscalía acusó y solicita que se realice un juicio contra un total de 26 personas", manifestaron.

Dentro de los involucrados se mantienen ingenieros del Conavi y empresarios.

El caso

La carretera Juan Rafael Mora Porras, mejor conocida como la trocha, fue un proyecto impulsado por la administración Chinchilla Miranda como reacción a una invasión del régimen de Daniel Ortega Saavedra a la isla Calero, en Pococí, Limón.

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Esa obra conformada por 160 kilómetros de caminos, comenzó a ser construida en 2010, pero fue paralizada en mayo de 2012, cuando la entonces mandataria, Laura Chinchilla Miranda, denunció a un grupo de funcionarios del Conavi por supuestamente recibir dádivas de empresarios de la zona. La infraestructura requirió una inversión de más de ¢20 mil millones.