Prostitución, narcotráfico y lavado de dinero acompañan extracción ilegal de oro en Crucitas

Actividad​Diputado y Ministro discrepan sobre actuación policial

Actividades como la prostitución, el narcotráfico y el lavado de dinero acompañan la extracción ilegal de oro en Crucitas, en San Carlos, según lo afirmó la mañana de este martes en el programa Nuestra Voz el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, quien anteriormente lideró una demanda contra un proyecto de minería de la empresa Infinito Gold, que finalmente desistió de su cometido tras una resolución de la Sala de Casación Civil a inicios de la década.

En una intervención el pasado lunes en la Asamblea Legislativa, el legislador fustigó al Gobierno por la falta de acciones ante las solicitudes que ha expuesto por más de tres años, entre las que destaca la adquisición del terreno para la conformación de un centro de investigación universitario o el establecimiento de una planta procesadora de queso arrollado, característico de la Zona Norte; con el objetivo de generar encadenamientos productivos que doten de trabajo a la región.

"Hay trata de personas ahí, ya hay prostíbulos ahí en Crucitas. ¿De dónde están llegando mujeres? ¿Cómo están? ¿De dónde las traen? ¿Quién está financiando eso? Ahí le ofrecen a usted ya piedra, droga; se paga todo con dinero de baja denominación. Ahí no hay cheques, ni hay cuentas bancarias, es gente que llega con valija y paga con billetes de baja denominación, es decir, también hay lavado de dinero", afirmó Araya, también aspirante a la Presidencia de la República para 2018 por el Frente Amplio.

El congresista fue enfático en destacar que el inactuar de las autoridades derivó en una problemática en la que se ven envueltas personas en condición de pobreza que buscan una alternativa para salir adelante con sus necesidades, pero que fueron acaparados por grupos de contrabandistas mayores detonando en un espacio en el que "no hay ley ni orden".

Sin embargo, el ministro de Seguridad y Policía, Gustavo Mata, contradijo a Araya y dijo que este faltó a la verdad, ya que en los últimos meses las fuerzas policiales han llevado a cabo operativos para combatir el presente de la Zona Norte.

Bajo el programa #100DíasZonaNorte, la Fuerza Pública y la Policía de Fronteras detuvieron a 81 personas en flagrancia en la mina Crucitas, según confirmó el Jerarca de Seguridad.

"Hemos coordinado con el Fiscal General (Jorge Chavarría), con la Fiscalía de la zona. Se ha hecho un protocolo de actuación, porque al ser una finca privada la dirección funcional la dicta el Ministerio Público", agregó Mata.

El plan operacional además está dirigido a otras actividades anómalas como la explotación minera, el decomiso de vehículos con irregularidades y el cierre de comercios por no cumplir con las normativas municipales.

El ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez, reafirmó la existencia de acciones interinstitucionales desde marzo del 2017 y mencionó que hasta ahora no hay denuncia de carácter ambiental en la región.

"Hace dos semanas, para que vea la magnitud del problema, encontramos 70 vehículos, 34 motos, 2 tractores y un cuadraciclo. Eso es casi como ir a ver un partido de fútbol, una cantidad enorme y de ahí las capturas que han hecho nuestros cuerpos policiales de flagrancia para tratar de disminuir este impacto", expresó Gutiérrez.

El Jerarca de Ambiente confirmó que en la finca se presenta un extracción ilícita de piedra de oro que ocasiona un impacto ambiental al que se le debe sumar la contaminación en ríos con mercurio, un metal necesario para la minería que se está introduciendo al país por cargamentos de contrabando desde Nicaragua.

Gutiérrez confirmó la cercanía de los extractores de oro con el tráfico de drogas, como también sucede en el Parque Nacional Corcovado, donde se da el trasiego de madera y especies silvestres.

El caso Crucitas costó una condena de tres años de prisión al exministro de Ambiente, Roberto Dobles, y fue revivido recientemente luego de que el Tribunal Penal del Segundo Circuito de San José devolviera el juicio a su etapa intermedia para determinar si el expresidente, Óscar Arias, debe rendir cuentas por prevaricato, lo anterior por haber declarado de interés público el proyecto de explotación minera a cielo abierto en el 2008.