Imprecisiones en contrato de préstamo dan al traste con crédito por $245 millones con el BID

Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios rechazaron este miércoles un crédito por $245 millones, en condiciones blandas, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se iba a utilizar para financiar bonos Proteger, subsidios turísticos y pagar deuda pública, entre otros objetivos planteados por el Poder Ejecutivo.

La motivación del rechazo fueron imprecisiones en el contrato de préstamo que incluso fueron reconocidas por el Gobierno de la República, según argumentaron diferentes diputaciones en la comisión legislativa.

Las congresistas del foro que intervinieron, incluidas las oficialistas, afirmaron tomar la decisión porque no lograron despejar "interrogantes" sobre varias cláusulas del proyecto, especialmente sobre el permiso para utilizar $159 millones en gastos "elegibles" realizados entre marzo y junio de este año.

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Así lo indicó la diputada Ana Lucía Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien detalló que las disconformidades se mantuvieron desde septiembre pasado, cuando se determinaron inconsistencias entre el discurso de los ministros de Gobierno sobre el posible destino de esos dineros.

Al respecto, la liberacionista indicó que incluso la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, aclaró este 3 de noviembre a la comisión que el Ejecutivo identificó los recursos propios que se utilizaron entre marzo y junio, y determinó que el BID apenas habría podido reconocer $41,5 millones para el pago de deuda pública o gastos presupuestarios de los $159 millones propuestos.

"La ministra nos dice que en ambas situaciones, la asignación de los recursos había que tramitarlos a través de la Asamblea Legislativa. Además, hace el señalamiento de que en relación con los subcomponentes esbozados en el mismo era necesario realizar una serie de consideraciones y replantearlos porque consideraba que no cumplen con la expectativa que estaba en este contrato sino en otras disposiciones que ella misma señala aquí", afirmó la liberacionista.

Delgado también explicó que la ministra de Planificación, Pilar Garrido, indicó a los diputados, este mismo 4 de noviembre, que se determinó la necesidad de renegociar con el BID por "algunos elementos" que requieren aclaraciones y que no podían ser modificados por el Congreso.

También, se manifestó en una línea similar la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís, quien indicó que el texto era "inadmisible" tal como estaba planteado.

Solís también se mostró en contra por los problemas detectados por entidades como la Contraloría General de la República (CGR) en relación con el control de los bonos 'Proteger'. Señaló que esta política "ha dejado muchísimas dudas" y que "no sería responsable asignarle más recursos sin antes corregir sus problemas de ejecución y sin evaluar si es la ayuda requerida por las familias en este momento".

Por su parte, la presidenta del foro, la liberacionista Silvia Hernández, subrayó que no se trata de un problema de la comisión para aprobar el proyecto, sino que no hubo justificaciones satisfactorias que permitieran aprobarlo como estaba planteado.

Recursos aprobados

El Gobierno había indicado que los recursos del crédito con el BID se distribuirían en $159 millones para los ya citados "gastos elegibles", mientras que $59 millones se utilizarían para financiar 100 mil nuevos Bonos Proteger, $10 millones para fortalecer el programa "Empléate" y $15 millones para facilitar un subsidio exclusivo para "salarios temporales" en el sector turismo.

Así lo anunció desde agosto pasado, cuando presentó la propuesta de crédito como parte de las medidas expeditas que tomaría para atender el incremento en el desempleo por la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

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Sobre las inversiones propuestas, la diputada oficialista Laura Guido señaló que, si bien es importante realizar aclaraciones sobre el posible uso de los gastos elegibles, "parte de los bonos Proteger que se giraron se presupuestaron con deuda y que eso estaba documentado".

Eso sí, reconoció que ese monto no es igual al permitido para "gastos elegibles", por lo que también consideraba necesario solicitar mayor claridad en el contrato. "Una ruta para eso era hacerlo con una adecuada presupuestación; sin embargo, coincido en la necesidad de renegociar los conceptos y los contenidos del empréstito", concluyó, no sin antes agregar que el ánimo es concretar una nueva negociación que permita acceder a los recursos ya negociados y que se necesitan para brindar alivio a las finanzas públicas y a la población en general, sin tener que acceder a deuda interna (más cara para el Estado).

Por su parte, la también oficialista Nielsen Pérez recordó que la Contraloría reconoció las ventajas de acceder a financiamiento externo en condiciones blandas y favorables, para generar "ahorros internos y menores presiones" en el mercado interno, si bien ahora se solicita una corrección.

Pese al rechazo del crédito, el Gobierno anunció este martes su última entrega de bonos Proteger con los recursos que tiene aprobados hasta el momento.