Costa Rica debe reestructurar cargas sociales para potenciar empleo, coinciden BCCR y empresariado

Costa Rica debe reestructurar su sistema de cargas sociales para potenciar la formalización y aumentar los niveles de empleo, coincidieron Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central (BCCR), y José Álvaro Jenkins, de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep).

Ambos realizaron sus declaraciones en un foro organizado por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), este 25 de febrero, con la participación de autoridades de gobierno, representantes bancarios y empresariales.

Según afirmaron Cubero y Jenkins, reducir el costo de la formalidad es una medida que se necesita para detener el deterioro en materia de desempleo, cuya tasa creció hasta un 20% (488 mil personas) en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, pero ya presentaba cifras de dos dígitos desde mucho antes de la emergencia.

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El primero en mencionar el tema fue el presidente ejecutivo Cubero, quien afirmó que el problema costarricense de desempleo "no es cíclico, sino ya estructural", porque Costa Rica "se nos ha hecho cara".

"Nosotros tenemos en este momento estimado que la tasa de crecimiento potencial del país anda entre el 3% y el 3,5%, y eso son tasas relativamente bajas para un país como Costa Rica. Con nuestras fortalezas y oportunidades, nosotros podríamos tener una tasa de crecimiento más alta, pero eso va a requerir reformas estructurales profundas que aborden el problema de costos de producción, porque Costa Rica se nos hizo muy caro.

"Hay que bajar el costo del factor trabajo y aquí es fundamental reducir el costo de las cargas sociales (...) Eso es fundamental, no solo para reducir el costo de producir en Costa Rica, sino también para reducir el problema del desempleo y la informalidad", comentó.

Por su parte, el representante empresarial Jenkins subrayó que el país tiene cargas impositivas "muy altas", lo cual dificulta al sector productivo contratar más personal y también eleva los índices de informalidad.

"Debemos reducir los costos de las cargas sociales, las cargas sociales y la carga impositiva que tenemos, de un 58,3%, es bien difícil para un emprendedor o alguien que quiera empezar una empresa poder surgir", puntualizó.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indicó en su más reciente informe de Estudios Económicos (2020) para Costa Rica que el país es uno de sus miembros con tasas más altas en materia de cargas sociales. Asimismo, recordó que "la experiencia en otros países de América Latina (...) muestra que reducir las contribuciones a la seguridad social puede ayudar a reducir la informalidad".

También lo señaló en su informe de 2018, en el cual hizo mayor énfasis y apuntó que "las altas contribuciones a la seguridad social )...) representan aproximadamente el 36,5% de los ingresos brutos, en comparación con el promedio de la OCDE del 27,2%". "La gran porción que deben pagar los empleadores impulsa los costos laborales no salariales de Costa Rica hacia el tope de las calificaciones de la OCDE", remató en aquel entonces.

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CCSS también hizo llamado

Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), también había indicado la importancia de revisar el esquema de contribuciones sociales. Específicamente, habló sobre los recursos que se giran a su institución, como mayor receptor de dineros por planillas.

Macaya afirmó, en septiembre pasado, que la entidad necesita depender cada vez menos de las cuotas obrero-patronales, pues se trata de un cargo a las planillas que varía con el tiempo y es susceptible a disminuciones importantes por el envejecimiento de la población.

Más allá de la disminución en contribuciones por la pérdida de empleos ocasionada por el SARS-CoV-2, el presidente ejecutivo comentó que “cada vez va a haber menos personas en la población económicamente activa para darle sostenibilidad a la institución”.

Actualmente, las contribuciones sociales por planilla se dividen en un 26,5% para el patrono y un 10,5% para el trabajador. Del bloque patronal: un 14,5% corresponde a transferencias para la CCSS, un 5% al Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf), un 2% al Fondo de Pensiones Complementarias, un 1,5% al Fondo de Capacitación Laboral y el resto corresponde a transferencias de ley menores para otras entidades públicas, establecidas legalmente.

Distintas entidades, pero especialmente la OCDE, han hecho énfasis en la necesidad de que Costa Rica elimine esas presiones de las planillas del sector privado. Más bien, abogan por que se financien a través de otro tipo de gravámenes generales, como el Impuesto Sobre la Renta o el Impuesto al Valor Agregado (IVA). De esta manera, aseguran, los programas sociales se financiarían a través de contribuciones de la población en general y no solo de aquellos sectores relacionados con el empleo formal.

Pese a su efecto directo en materia de empleo y formalización, Cubero y Jenkins también coincidieron en que la reestructuración de las cargas sociales es solo una de las necesidades "fundamentales" del Estado para abaratar sus costos de producción. Además, comentaron que se deben mantener los esfuerzos para reducir el costo de la electricidad, mejor infraestructura vía créditos multilaterales y alianzas público-privadas, implementar modelos de educación para el sector productivo, incentivar la innovación, concretar las reformas del Estado y digitalizar cada vez más trámites de gobierno, entre otros.

Asimismo, enfatizaron en la importancia de que el país mantenga su estabilidad económica a través de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que permita el contexto correcto para apuntalar todos esos esfuerzos.

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