Regidores de Limón "dan espalda" a informe sobre compras desastrosas revelado por Contraloría

El Concejo Municipal de Limón rechazó una moción que tenía como fin convocar al auditor interno Albin Vega Méndez, con el fin de conocer el 14 de noviembre próximo un informe de la Contraloría General de la República (CGR) que señala "procesos de compras desastrosas" en el ayuntamiento local.

La propuesta la realizó el regidor propietario del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Johnny Smith Bennett, durante la sesión del pasado miércoles. El resultado de la votación, de acuerdo con el impulsor, fue de cinco contra tres.

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Smith detalló que quienes lo apoyaron fueron su compañera Eloisa Brown Vose y la regidora del Partido Renovación Costarricense (PRC), Mireya Bustos Maceo.

En contra estuvieron Margina Reid Reid, Eladio Arce Coto, Alma Maxwell Daley, Jorge Arturo Calvo Villarreal y Sussette Dianna Walters Wright, del Partido Auténtico Limonense (PAL, también a cargo de la administración); y José Rafael Barrantes Céspedes, de Partido Liberación Nacional (PLN).

AmeliaRueda.com intentó validar el resultado de la discusión con la Secretaría del Concejo Municipal, sin embargo, en ella se indicó que el requerimiento de información debía hacerse vía correo electrónico y hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta. También se intentó contactar a Barrantes a su número celular aunque no se recibió una respuesta; de igual manera ocurrió con la sede del Partido Auténtico Limonense.

"Tras lo sucedido con las compras irregulares, de las cuales me entero en las noticias, decidí presentar la moción para ver el informe en el Concejo porque necesito saber qué paso, los detalles y qué vamos a hacer. Sin embargo, los compañeros no lo vieron apropiado", manifestó Smith.

Irregularidades

La Contraloría General reveló este lunes el informe DFOE-DF-IF-00015-2018, en el que expone el hallazgo de falta de planificación, imprecisiones, incumplimiento de requisitos y concentración de toma de decisiones los procesos de adquisición de bienes y servicios realizados por el municipio limonense.

En total, el órgano dio cuenta de 27 procedimientos de contratación administrativa que carecen por completo de los requisitos como definición de controles de calidad, estimación del costo del objeto contractual, definición del encargado del contrato, cronograma de actividades y plazos.

Inclusive, en nueve de estos no se acredita la descripción del bien o servicio.

También se determinó la carencia de filtros en la adjudicaciones, como faltas en los requisitos de admisibilidad, en los informes de evaluación de ofertas para garantizar la conveniencia para el interés público y en las actas ofertas en los procedimientos de contratación directa.

El documento también detectó que se hicieron 17 adjudicaciones sin que los oferentes cumplieran los requisitos establecidos en el cartel.

La Contaloría también mostró su preocupación por un conjunto de imprecisiones con respecto al lugar de entrega de los bienes y servicios, la obra por realizar, así como errores en el detalle de las especificaciones técnicas y cantidad de productos.

El informe además encontró una concentración de la toma de decisión pues un único funcionario de la Unidad de Proveeduría del ayuntamiento es el encargado de seleccionar a los proveedores que participan en un concurso, confeccionar el cartel y a la vez es quien firma la adjudicación.

Hay otros hallazgos a destacar como el hecho de que existen adquisiciones de materiales de construcción cuyas entregas quedaron pendientes y no consta que los beneficiarios recibieron la totalidad de los mismos.

A raíz de los hallazgos, el ente contralor inició una investigación para determinar a los responsables de esta gestión. Además ordenó al alcalde, Néstor Mattis Williams, elaborar y poner en práctica un reglamento de adquisición y recepción de bienes y servicios acorde con la Ley de Contratación Administrativa.

Recientemente, el jerarca de la municipalidad caribeña cumplió un mes de suspensión por haber sido civilmente responsable de la emisión de dos resoluciones que alteraron una contratación y ordenar un pago en favor de un contratista.