Sala IV considera "derecho fundamental" la aplicación de objeción de conciencia en empleo público

Para los magistrados de la Sala Constitucional, la cláusula de objeción de conciencia que se incluye en el texto del proyecto de empleo público se considera como un “derecho humano fundamental”.

Así lo indicó este jueves el presidente del tribunal, Fernando Castillo, en el programa Nueva Voz.

“La Sala considera que hay un derecho fundamental, es decir, que la objeción de conciencia es parte de los derechos fundamentales y cuando en un programa o un proceso de formación (en el sector público) una persona considera que los contenidos de ese programa son contrarios a sus creencias religiosas o filosóficas de concepción de vida es posible aplicar una objeción de conciencia por medio de una declaración jurada”, explicó el magistrado.

No obstante, Castillo aclaró que lo que se está estableciendo en el proyecto de ley es una norma general, y que en muchos casos particulares se tendrá que resolver vía recurso de amparo.

“Puede darse el caso que el funcionario diga que aplica la objeción de conciencia y el jerarca se la niegue entonces eso podría resolverse en un recurso de amparo, o bien, que se pida una objeción de conciencia en aspectos que no tienen nada que ver con aspectos filosóficos o religiosos”, agregó Castillo.

Negociación

La cláusula de objeción de conciencia fue un aspecto que el Gobierno negoció con los diputados independientes del bloque Nueva República, asegurando así el apoyo de los seis votos de este grupo al texto.

Así lo reconoció en abril pasado el presidente Carlos Alvarado cuando el proyecto no se había votado aún en primera debate.

“Debe entenderse que es un proyecto de 38 votos y hay que poner en la balanza lo necesario para que la iniciativa avance, uno aprende y entiende que en la política hay que equilibrar cosas y esta es una de las que está en esa balanza”, afirmó el mandatario.

En el artículo 23 inciso g del texto del proyecto indica que los funcionarios públicos podrán rechazar capacitaciones obligatorias, siempre y cuando aleguen que estas vulneran sus convicciones religiosas, éticas y morales.

La moción para incluir este aspecto en la ley la presentó el diputado Jonathan Prendas del bloque independiente Nueva República y contó con el respaldo de la bancada de Restauración Nacional y de otros diputados independientes en la Comisión de Gobierno y Administración.

Ya en la discusión del proyecto en el plenario, mociones del diputado José María Villalta intentaron modificar el tema, pero fueron rechazadas incluso por los propios diputados del PAC.

En las consultas a la Sala sobre este proyecto se incluyó el tema de objeción de conciencia.

Ahora se desligan

Tras el fallo del ente constitucional donde los magistrados no encontraron vicios de inconstitucionalidad en este aspecto, ahora dos diputados de la fracción del PAC, Enrique Sánchez y Carolina Hidalgo, amenazan con votar en contra el proyecto a pesar de que sí lo votaron a favor en el primer debate.

A ellos se sumarían sus compañeros de bancada Welmer Ramos y Paola Vega, quienes sí votaron en contra el proyecto en primera instancia, por incluir esta norma y por otros aspectos que rechazan de la iniciativa.

Es decir cuatro de los 10 diputados de Gobierno votarían en contra del proyecto, a pesar que el presidente Alvarado ha insistido en la urgencia de la iniciativa de ley.

“El proyecto tendrá mi apoyo solo si se eliminan las inconstitucionalidades dichas por la Sala, y el inciso sobre objeción de conciencia”, dijo Hidalgo al diario La Nación.

En el caso de Sánchez este anunció su postura en sus redes sociales.

“Con base en la resolución de la Sala, una vez que la conozcamos en su totalidad, tendremos que corregir las inconstitucionalidades señaladas para que vuelva a su trámite en primer debate. Durante este proceso tendremos que intentar también eliminar ese inciso que abre portillos para la discriminación, y yo particularmente me enfocaré en eso con las vías procedimentales que tenga a mi alcance. Atender lo señalado por la Sala Constitucional, y eliminar la objeción de conciencia, son mis mínimos para que el proyecto de empleo público siga contando con mi apoyo”, señaló.

Cabe señalar que según el abogado constitucionalista Rubén Hernández, una vez que la comisión de asuntos de constitucionalidad del Congreso corrija los temas que la Sala encontró como inconstitucionales, donde se incluyen los puntos que la Corte Plena refutó, esto haría que el proyecto ya no requiera de los 38 votos para el segundo debate.

El proyecto se votó en primer debate en junio pasado con 32 votos a favor.

Lea: Empleados públicos podrían negarse a participar en capacitaciones por sus convicciones religiosas