Sala IV avala potestad de Setena para estudiar en un mes viabilidad ambiental de ampliación de ruta 32

fallo​Magistrados rechazaron acción de inconstitucionalidad presentada por ambientalistas

La normativa que obliga a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) a emitir un criterio de impacto ambiental un mes después de que reciban información y estudios sobre el proyecto de ampliación de ruta 32 a Limón no es inconstitucional.

La Sala Constitucional rechazó el pasado 8 de julio una acción de inconstitucionalidad presentada por el Federación Ecologista (Fecon) en contra de los artículos 17 y 18 del proyecto de Ley 9293. los cuales obligan a Setena a valorar los estudios y presentar un informe en un plazo de un mes, una vez obtenida la informaición.

Fecon alegó que imponerle un tiempo a Setena es arbitrario y desproporcionado.

Sin embargo, la Sala IV indicó que se trata de un tema de legalidad y no constitucionalidad. Además, no se violenta ningún derecho fundamental con las normas impugnadas.

El presidente de la Comisión Especial de Limón de la Asamblea Legislativa, Abelino Esquivel, comentó que cuando se hizo la ley se estableció ese plazo porque la ampliación es prioritaria.

Según Esquivel, Setena tiene las condiciones para resolver en ese tiempo.

presidente comisión de limón, abelino esquivel

El magsitrado Paul Rueda salvó el voto porque considera que la decisión de rechazar de plano esta acción de inconstitucionalidad es prematura.

Aún se desconoce el diseño final para ampliar la carretera a Limón. Sin embargo, los ambientalistas de Fecon advirtieron que la ruta actual atraviesa "numerosos bosques riparios (vinculados a las riberas de los ríos), áreas de protección, zonas de recarga acuífera muy vulnerables, gran cantidad de tuberías del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y al menos nueve Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS)".

La Sala también estudia una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley, en cual se alega que se violentó la Constitución Política al no haber hecho un concurso para escoger a la empresa china CHEC, encargada de la obra.