Sancionar a funcionarios que nieguen información pública, sugieren abogados ante proyecto de ley

Aplicar sanciones a funcionarios de instituciones estatales que se nieguen a brindar información pública, sugieren abogados ante el proyecto de ley N°23.113 Marco de Acceso a la Información Pública, que actualmente está en etapa de recolección de observaciones.

La iniciativa busca garantizar el cumplimiento adecuado y eficiente por parte de las autoridades públicas del acceso a la información pública como un derecho fundamental tutelado en el artículo 30 de la Constitución Política.

La coordinadora del Programa de Libertad de Expresión, Giselle Boza, explicó que es necesario avanzar en políticas afirmativas que le marquen las "reglas del juego" a los funcionarios públicos que la información sobre asuntos públicos pertenece a la ciudadanía.

"Se requiere de un régimen sancionatorio de que si el funcionario se niega a entregar información de relevancia pública a la ciudadanía y a los medios de prensa también será sometido a un proceso. Nada pasa si vamos ante la Sala Constitucional, que ha hecho una tutela muy importante de este derecho, pero en la vía administrativa no sucede nada", dijo.

Precisamente, la iniciativa del diputado Alejandro Pacheco obliga al Estado a garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, de prensa y el libre acceso a información pública a todos los ciudadanos y a los medios de comunicación, incluyendo el plazo de 48 horas para responder a consultas de medios de comunicación o prensa y de cinco días hábiles a los ciudadanos.

"Es un momento importante para discutir esta iniciativa, sobre todo cuando hablamos de lucha contra la corrupción, de fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana y ante todo fortalecer el ejercicio de la libertad de prensa en Costa Rica", acotó Boza.

En materia sancionatoria, el presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica, Belisario Solano, apuntó que es necesario que algo pase, debido a que en la actualidad solo se condena al Estado por daños, perjuicios y las costas que paga el Ministerio de Hacienda; sin embargo, el funcionario responsable de la violación al derecho constitucional no es sancionado.

"En ese caso el empleado debería reintegrar al Estado las consecuencias civiles de su actuación, por lo menos pagando los ₡450 mil, en esos rangos andan más o menos, que dice el Tribunal Contencioso que opera cuando hay una función que se declara con lugar", agregó.

Por su parte, el presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, Raúl Silesky, indicó que es necesario un proyecto de ley que respete los estándares que plantea ya la Sala Constitucional.

"Aquí nadie está promoviendo algo que sea restrictivo, un retroceso, la iniciativa propuesta nos parece muy buena y actualmente está en comisión para incluir observaciones y correcciones", detalló.

Fortalecer la rendición de cuentas

La iniciativa de ley que actualmente está en la Asamblea Legislativa pretende impulsar la transparencia en el ejercicio de la función pública y fortalecer la rendición de cuentas, incluyendo a entes privados que ejerzan una actividad o potestad de naturaleza pública, entre ellos, los partidos políticos.

“Este proyecto pretende fortalecer la transparencia del sector público, mejorar el proceso de rendición de cuentas, y permite a los medios de comunicación obtener la información pública de una manera accesible en plazos más cortos”, comentó el diputado proponente.

En la elaboración de esta iniciativa se han tomado en cuenta una serie de proyectos de ley que han buscado regular el derecho de acceso a la información pública, uno de telecomunicación, dos de protección de datos y siete de acceso a la información, bajo los expedientes legislativos 12.946, 14.448, 15.079, 15.178, 16.198, 16.679, 16.398, 19.113 y 20.361.

El útimo presentado fue el 20.799 de la entonces diputada Carmen Chan, que llegó a su trámite final, fue aprobado por la Asamblea Legislativa, pero fue vetado por el Poder Ejecutivo por razones de oportunidad y constitucionalidad, siendo archivado por cumplimiento del plazo cuatrienal.

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"Este veto se plantea por asuntos de oportunidad y conveniencia así como por temas de constitucionalidad, invitamos a la Asamblea Legislativa que en el menor tiempo posible puedan conocer este veto para subsanar la norma y que puedan darle al país garantía de que podrán tener siempre acceso a la información pública y de asuntos de interés para el país", dijo la exministra de la Presidencia Geannina Dinarte, en ese momento.