Sindicato pide a Emilia Navas jubilarse: "Su presencia no favorece la imagen del Ministerio Público"

La Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud) solicitó a la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, que se acoja a su jubilación, toda vez que asegura que su continuidad al frente del Ministerio Público resta credibilidad ciudadana al trabajo que desempeña esa institución.

El pedido lo realizó el presidente de la organización laboral, Mario Alberto Mena Ayales, en una nota remitida al despacho de la jerarca este 24 de junio, justo en momentos de cuestionamientos sobre la gestión de la jerarca por su inhibitoria en el caso policialmente conocido como "Cochinilla", debido a que su pareja, Francisco Campos Aguilar, es defensor de cuatro imputados en la investigación.

"Muy amablemente le vamos a pedir, y con el respeto que su persona merece, es que haga efectivo su derecho a la jubilación. Sabemos que usted ya tiene aprobado su derecho jubilatorio porque cumple con uno de los requisitos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la que a usted la ampara, dado que tiene 32 años de servicio.

"Toda persona debe de analizar cuando se cumple su ciclo laboral y poder entender cuándo se ha acabado el margen de espacio para poder desempeñarse en un puesto y detectar cuándo la sola presencia beneficia o perjudica a la institución a la cual se le ha dado tantos años de servicio. Su presencia en este momento, como ya se ha indicado, no favorece la imagen de un órgano tan importante como lo es el Ministerio Público y la credibilidad de la ciudadanía en el Estado Social de Derecho sobre el que se rige nuestro sistema democrático", señala el documento en poder de AmeliaRueda.com.

El oficio llama a Navas Aparicio a "evitarle" a la Corte Plena una nueva sesión de 12 horas de "discusiones innecesarias que menoscaben su imagen", toda vez que hace dos días, el abogado Ronny García González, presentó una denuncia en su contra por supuestas irregularidades e inacciones de la Fiscalía en las causas 12-1913-172-PE por presunta administración fraudulenta en el proyecto Monte del Barco seguida contra Javier Chaves Bolaños (quien es defendido por Campos Aguilar), así como la 19-2-1218-PE por incumplimiento de deberes de los fiscales a cargo del caso; entre otros. La queja de este jurista fue dada a conocer un día atrás por el Semanario Universidad.

"Que Dios le dé la sabiduría necesaria para tomar la mejor decisión para su persona, su familia, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el pueblo. Usted merece retirarse de manera digna, en atención al interés público que prevalece y en favor de la ciudadanía a quien nos debemos. El país se lo agradecerá", culmina el documento.

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Una semana atrás, este mismo sindicato pidió a los magistrados valorar la continuidad de la jerarca del Ministerio Público conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial.

Dicha norma establece:

"Siempre que se identifique una situación de conflicto de interés, deberán tomarse las medidas necesarias para resolverlo con el fin de evitar una afectación al interés público, a la buena gestión de los asuntos a cargo de la Corte Suprema de Justicia, la confianza y credibilidad institucional, y prevenir conductas de corrupción de las personas judiciales.

"Las medidas adoptadas deberán ser proporcionales al nivel del riesgo de afectación al interés público que implique la situación de conflicto de interés identificada, y conciliar, en la medida de lo posible, los intereses de la organización, el interés general y los intereses legítimos de los servidores judiciales.

Como posibles disposiciones para resolver conflictos de interés se detallan:

• Abstención del conocimiento del asunto específico, cuando se trate de una situación aislada o poco recurrente.
• Renuncia del funcionario al interés privado.
• Reorganización de los deberes y responsabilidades del servidor.
• Restricción a ciertos contenidos de información.
• Traslado a otro puesto.

En el caso de Navas Aparicio, su inhibitoria obedece a que 4 de los 32 imputados en el escándalo de supuesta corrupción con obras públicas son defendidos por su pareja, el penalista Francisco Campos Aguilar. Los encartados en cuestión son la propietaria de la constructora H. Solís, Mélida Solís Vargas, así como los empleados de la empresa Meco, Alejandro Bolaños Salazar (gerente general), Abel González Carballo (representante legal) y Alejandra Bonilla Guillén (trabajadora).

La solicitud de la Asociación de Empleados Judiciales se conoció el 21 de junio anterior junto a otras peticiones de otras asociaciones gremiales; no obstante, la Corte Plena rechazó abrir una investigación a la jefa del Ministerio Público por sus estiones en los procesos de inhibición por conflicto de interés.

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En reiteradas ocasiones, Navas Aparicio ha defendido que actuó conforme a lo establecido en el Protocolo para la Prevención, Identificación y Gestión de los Conflictos de Interés de la Fiscalía General y aplaudió la independencia de las actuaciones llevadas adelante por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) en el escándalo de supuestos sobornos en contratos de obras viales.

La jerarca además se ha aferrado a su cargo y ha negado que existan motivos por los cuales deba renunciar, ante la solicitud que le planteó la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Shirley Díaz Mejías, así como los sindicatos de la Judicatura (Sindijud), de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud) y la Asociación Nacional de Criminalística (ANIC). "Al país le interesa que Emilia Navas Aparicio siga al frente de la institución", llegó a declarar a los medios el 17 de junio pasado.

La abogada de 56 años fue designada jefa del Ministerio Público el 12 de marzo de 2018 y su nombramiento vence el próximo año.

A lo largo de su gestión como fiscala general, Navas Aparicio debió inhibirse de conocer ocho expedientes adicionales al del caso "Cochinilla". En seis de estos, la separación respondió a que Campos Aguilar participaba como interviniente en las investigaciones contra el grupo bursátil Aldesa, contra la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco), contra la Ruta 27, una supuesta estafa en Alajuela además de dos pesquisas seguidas contra Importadora Monge. Las otras dos inhibitorias responden a que entre los encartados figuran un primo suyo y el familiar de una fiscala de su equipo de trabajo.

La jerarca del órgano acusador y el jurista litigante aparecen divorciados desde el 13 de setiembre de 2010 en el Sistema de Consultas Civiles del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE); sin embargo, el 17 de junio, Navas Aparicio explicó que ambos retomaron su relación tras resolver algunas diferencias y que por lo tanto considera a Campos Aguilar su esposo.

Consultado al respecto el 16 de junio por AmeliaRueda.com, el penalista defendió: "Yo tengo 20 años de ser abogado de ambas empresas (Meco y H. Solís) y tengo 10 o 12 años de ser abogado de Aldesa. Porque Emilia sea fiscala general yo no voy a dejar a mis clientes botados".