No hay conexión a internet 
Gira el telefono para mejorar navegación

Sindicatos exigen al Gobierno retirar plan de impuestos de corriente legislativa

Diputados aprobaron hace una semana trámite de vía rápida para el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

Coreando 'unidad, unidad', el Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco), el colectivo Patria Justa y el grupo denominado Centrales Sindicales constituyeron este miércoles una "alianza de lucha" cuya primera acción fue exigir al Gobierno el retiro de la corriente legislativa la reforma de impuestos contenida en el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que hace una semana recibió el aval para el trámite en vía rápida.

Además, "en aras de la paz social" demandaron que el Ejecutivo convoque una mesa nacional de diálogo "para diseñar en conjunto las medidas de atención al problema fiscal del país con equidad", dice el manifiesto firmado por el Movimiento Sindical y Social Costarricense.

Casa Presidencial tiene la expectativa de que el proyecto se apruebe en primer debate antes del 30 de abril, fecha en que finalizará el periodo constitucional 2014-2018.

La representante de BUSCCO, Marta Rodríguez, recalcó que tienen total disposición al diálogo social y enfatizó que el déficit fiscal no debe endosársele a la clase trabajadora sacrificando empleos, "precarizando salarios" ni "derogando derechos laborales y sociales conquistados a lo largo de décadas de desarrollo y de lucha social".

Consultado sobre plazos y medidas de presión, la representante se limitó a contestar que a partir de ahora está en "sesión permanente" planificando estrategias políticas y operativas por el "malintencionado impulso de rápidas vías parlamentarias carentes de transparencia" de parte de los verdaderos culpables del déficit fiscal.

La iniciativa del Gobierno propone transformar el impuesto sobre las ventas en el impuesto al valor agregado (IVA), para gravar con una tasa del 13% bienes y servicios que en la actualidad están exentos; reformar el impuesto sobre la renta para gravar con un 15% las rentas de capital (variaciones en el patrimonio de un contribuyente); modificar el pago de pluses como la anualidad en el empleo público.

Las medidas pretenden reducir 1,9 puntos porcentuales el déficit fiscal, que actuamente equivale a un 6,2% del PIB.