Tribunal descarta recibir a 81 testigos por estafa del PAC; conclusiones iniciarán la otra semana

El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José rechazó recibir a 81 testigos en el juicio de reenvío por la estafa al Estado del Partido Acción Ciudadana (PAC) en la campaña presidencial de 2010.

La decisión del órgano jurisdiccional fue tomada la mañana de este jueves en el inicio del debate ordenado para discutir un argumento de la Procuraduría General de la República (PGR) orientado a que se aumente el monto de la indemnización en ¢160 millones (más los intereses y costas procesales) que la agrupación tendrá que cancelar por la simulación de contratos por servicios profesionales liquidados con deuda política.

El procurador penal Rándall Aguirre Mena pidió al tribunal conformado por Nancy Marín Monge, Pedro Ramírez Sánchez y Paul Fuentes Sing entrar a escuchar las conclusiones sin necesidad de recibir la prueba testimonial, como lo solicitaba la defensa del partido oficialista, a cargo del abogado Érick Gatgens Gómez.

Los jueces coincidieron con los argumentos dados por la Procuraduría, a partir de una interpretación del voto del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José.

En virtud de ello, concedieron a las partes un espacio para que informaron si podían iniciar de inmediato con las conclusiones o si requería la audiencia se levantara.

Gatgens Gómez solicitó un espacio para preparar las suyas de al menos tres días, aspecto con el que Aguirre Mena se dijo de acuerdo.

Por lo anterior, el Tribunal programó las conclusiones del abogado del Estado para el miércoles 7 de julio y las de la defensa de Acción Ciudadana para el día después.

“Nos parecía que era innecesario a cada uno de esos testigos porque la prueba que ya fue evacuada, y hay que recordar que se trajeron por parte de esta representación 179 testigos que eran de Pérez Zeledón, de Guanacaste, de Limón, de Guápiles… básicamente hicimos una evacuación de prueba extensa y basta para poder representar la responsabilidad civil. Entonces, bajo esa prueba que ya fue evacuada, más los documentos que ya han sido incorporados, nos parece que es suficiente para derivar a partir de esa prueba. ¿Qué fue lo que dijo el Tribunal de Apelación? Que el Tribunal de Sentencia no había analizado todos estos indicios que forman parte ya de una sentencia penal y del proceso anterior y que no pueden ser excluidos de manera ilegítima y que por lo tanto lo que tiene que hacer es un análisis armónico de toda esa prueba para poder derivar si existe o no responsabilidad civil.

“Entonces me parece que la resolución del tribunal (sobre descartar a los testigos) es coincidente con la postura nuestra que hemos sostenido desde el juicio anterior, la que sostuvimos ante el Tribunal de Apelación y la que sostuvimos hoy al inicio del debate”, recalcó Aguirre Mena a los medios de comunicación.

Su contraparte, Gatgens Gómez, declaró: “Yo siento que, aunque respeto la decisión del Tribunal, no la comparto. Me parece que el Tribunal yerra porque era necesario recibir prueba en esta audiencia. Aunque sea un juicio de reenvío, en necesario que el Tribunal tenga a mano la prueba para tomar una decisión.

“En este caso me parece que no es correcto que trate de fundamentarse en la prueba que el Tribunal ya valoró en su momento. Desde la perspectiva del Tribunal pareciera que va a ser más un tema de fundamentar la decisión de nuevo, pero ahí tenemos un tema de orden lógico y es que para fundamentar adecuadamente una decisión, va a tener que recabar y echar mano de la prueba que ya se valoró en otro juicio. Ahí se podrían violentar esas reglas como el principio de mediación. Pero bueno, ahí está abierto el tema”.

Estafa al Estado

El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José sentenció al extesorero de Acción Ciudadana, Maynor Sterling Araya, así como al exadministrativo del partido Manuel Antonio Bolaños Murillo, a seis y tres años de cárcel como responsables de una estafa contra el Tribuna Supremo de Elecciones (TSE) por 179 contratos.

La agrupación fue solidariamente condenada al pago de una indemnización de ¢352 millones más intereses y costas.

Ese monto puede incrementar durante el juicio de reenvío que arrancó este 1º de julio, toda vez que la Procuraduría General considera se excluyeron 81 contratos. De ser aceptada esa hipótesis por el Tribunal Penal del I Circuito de San José, el cobro a la agrupación subirá a ¢516 millones.

La sentencia penal contra Sterling Araya y Bolaños Murillo y una parte de la condena civil (los ¢352 millones) se encuentran en firma. El caso se tramita en el expediente 12-000024-033-PE.