Ejecutivo se pone un año como plazo máximo para presentar ley de empleo público

Una iniciativa de ley de empleo que cobije no solo al Gobierno central sino a todas las instituciones públicas será presentada por el Poder Ejecutivo en un plazo máximo de un año.

La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, indicó este jueves durante el segundo día de interpelación frente al Plenario que la meta de la administración Alvarado Quesada es contar con una propuesta de este tipo a más tardar el 1 de junio del 2019.

La Jerarca señaló que el proyecto de ley no es solamente sobre salario sino que debe ser más integral para permitir un mayor ordenamiento dentro del aparato estatal.

"En realidad, el tema de una nueva ley de empleo público no debería circunscribirse a la materia salarial, eso debería ser un capítulo. Todo el tema de remuneraciones, de incentivos, de competencias, de la forma de desvinculación al sector público, me parece que debería ser un trabajo mucho más amplio que una nueva ley de salario", externó Aguilar.

La Ministra estuvo al frente de la exposición de una serie de medidas que emprenderá el Poder Ejecutivo para contener el gasto público, tal y como lo solicitaron diferentes bancadas legislativas para poder avanzar en la aprobación de nuevos impuestos.

Dentro de esas acciones, el Gobierno decretará semestralmente un mismo monto fijo de incremento salarial para cada funcionario del Gobierno, el cual calculará como resultado de aplicar el porcentaje del costo de vida al sueldo base más bajo. Además, a partir del 1 de junio, el monto por cada anualidad se mantendrá sin crecimiento.

Por otra parte, el valor de los puntos que se asignan al incentivo de carrera profesional permanecerá sin variación, y no se reconocerá a los nuevos funcionarios el plus por el título que exija su puesto.

Solo hasta un 25 por ciento de las plazas vacantes se podrán utilizar, no se autorizarán nuevas reasignaciones de puestos, y se establecerá una nueva escala para reducir el pago del incentivo de dedicación exclusiva para los nuevos funcionarios. En el caso del bachillerato será del 10 por ciento y para licenciatura del 25 por ciento. Adicionalmente, se plantea una reforma de ley para reducir al 30 por ciento el pago de prohibición a profesionales con el grado de bachillerato y licenciatura.

En las instituciones bajo autoridad presupuestaria pero fuera del Régimen del Servicio Civil se establecerá un sistema de salario único en el caso de los nuevos empleados.

Aguilar señaló que para garantizar una sostenibilidad de las medidas a largo plazo es necesaria una ley de empleo público.