Justicia desconoce paradero de 21 reos con tobillera electrónica

Veintiún privados de libertad que descontaban sus penas fuera de prisión, que se encontraban monitoreados con tobilleras electrónicas, fueron declarados en fuga por un juez.

La información fue suministrada por la Dirección de Adaptación Social.

José Luis Bermúdez, director de Adaptación Social, explicó que estas personas fueron declarados en fuga tras incumplir con las restricciones establecidas por el sistema de vigilancia.

Esos incumplimientos significan que el convicto dejó que su tobillera se descargara por completo, salió del perímetro autorizado o ingresó a un sector al cual no tenía permitido acceder.

Bermúdez detalló que cuando ocurren este tipo de situaciones, la Unidad de Monitoreo Electrónico activa un protocolo que incluye llamadas y visitas a la dirección brindada a las autoridades judiciales.

Si no logran ubicarlo, Adaptación Social envía un informe a las autoridades judiciales para informarles sobre la falta cometida por el convicto.

Franklin Arguedas, jefe de la Unidad de Monitoreo Electrónico, indicó que una vez que envían el informe, los jueces suelen convocar al privado de libertad a una audiencia para analizar la situación.

Si la persona no se presenta a esa cita, el juez puede declararlo en fuga y emitir una orden de captura.

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Ameliarueda.com consultó las fechas en las que fueron declarados en fuga estos 21 privados de libertad y los delitos por los cuáles fueron procesados. Sin embargo, esos detalles aún no han sido suministrados.

Los 21 individuos en fuga representan el 1,3% de la población penitenciaria que utiliza tobilleras electrónicas.

Serios cuestionamientos

Esta semana la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), quien provee los dispositivos, denunció que 596 privados de libertad permanecían sin monitoreo por parte del Ministerio de Justicia y Paz.

Esa acusación fue desmentida por la jerarca de Justicia, Marcia González Aguiluz.

Las autoridades del Ministerio y la ESPH se enfrascaron en una polémica en la que ambas partes se acusan de incumplimientos al contrato firmado para el monitoreo electrónico de privados de libertad.

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La ESPH argumenta que han enviado 12 oficios a Justicia en los que informan incumplimientos y piden explicaciones, pero aseguran que han sido ignorados.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Paz manifestó que también han remitido a la ESPH 60 notas en las que detallan inconformidades.

Este medio solicitó esos documentos, pero no fueron remitidos.