Sala IV avala plan fiscal y allana camino para aprobación final

La Sala Constitucional resolvió este viernes a favor de la reforma fiscal, dándole así luz verde para que siga su ruta en el plenario, pero con varias observaciones para mejorar el texto.

"(La Sala) No encuentra vicios esenciales de procedimiento ni de fondo sobre los asuntos consultados", señaló el presidente interino del tribunal, Fernando Castillo.

De esta manera los magistrados contestaron a tres consultas facultativas de constitucionalidad sobre el expediente 20.580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

La primera solicitud enviada el pasado 19 de octubre por legisladores opuestos a la iniciativa se centraba en ocho aspectos específicos del plan fiscal incluido la posible violación al principio de justicia tributaria al establecer un uno por ciento de impuesto a artículos de la canasta básica.

Sobre este punto específico, Castillo indicó que no hubo vicios de inconstitucionalidad tanto en este aspecto como en el relacionado con los recortes a gastos destinados a primera infancia y el presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) como parte del ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

En cuanto a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el tribunal enfatizó que el Estado tiene la obligación de garantizar el pago tal y como está establecido debiendo respetar la autonomía de la institución.

La segunda consulta de constitucionalidad surgió de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y la Unidad Social Cristiana (PUSC), así como el congresista del Republicano Social Cristiano (PRSC), Otto Roberto Vargas y el independiente Eric Rodríguez, quienes pedían que el tribunal despejara las dudas alrededor de cuatro puntos específicos que la Corte Suprema de Justicia objetó al señalar que riñe con la independencia administrativa y económica del Poder Judicial.

El tribunal aclaró específicamente que no es necesaria mayoría calificada (38 votos) para aprobar en segundo debate el proyecto. De esta manera se allana el camino para que la aprobación final se dé con mayoría simple.

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La Sala señaló que la consulta de la Asamblea Legislativa a la Corte Suprema de Justicia era improcedente puesto que el plan fiscal no afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial tal y como estos lo habían determinado.

Sobre la tercera gestión, el tribunal indicó que era improcedente debido a que habían firmas de diputados repetidas de la primera solicitud, situación que invalida el procedimiento.

Ruta

El expediente 20.580 fue aprobado en primer debate el pasado 5 de octubre con 35 votos a favor y 22 en contra. En contra se manifestaron Restauración Nacional (antes de que ocho legisladores se separaran de la fracción), Integración Nacional (PIN), Frente Amplio (PFA), así como la socialcristiana Shirley Díaz, las liberacionista Franggi Nicolás y Paola Valladares, y el republicano Dragos Dolanescu.

El plan fiscal ha atravesado una ruta complicada para conseguir el apoyo necesario. La iniciativa desató desde el pasado 10 de septiembre una huelga indefinida en el sector público, la cual se mantiene actualmente con principal afectación en escuelas y colegios por la ausencia de docentes de las aulas.

El proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es una iniciativa impulsada por el Gobierno de la República que plantea la ampliación de los contribuyentes con el objetivo de generar recursos frescos, acompañados por medidas para combatir la evasión y para contener el gasto, con el objetivo de palear un déficit que el Ministerio de Hacienda estimó para 2017 en un 6,2 por ciento del producto interno bruto (PIB).

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Dentro de los principales cambios, destaca que transforma el Impuesto General de Ventas al Impuesto al Valor Agregado con el fin de gravar el sector de los servicios (prácticamente exentos en la actualidad). También establece un tributo del 1% a la canasta básica.

La iniciativa adicionan una escala del 20 por ciento a las remuneraciones mayores de ¢2,1 millones y del 25 por ciento para los montos superiores a los ¢4,2 millones.

Otras de las modificaciones es que prohíbe la inclusión en declaraciones de renta de operaciones realizadas con personas o entidades residentes en “paraísos fiscales”

Además establece la Regla fiscal y congela los salarios superiores a ¢4 millones y las dietas de las juntas directivas institucionales por dos años.