Apelaciones por medidas cautelares en caso Cochinilla se conocerán a partir del lunes
Se discutirán dos recursos presentados por las defensas y otro de la Fiscalía
07/07/21 | 13:09pm
La audiencia en la que se conocerán tres apelaciones relacionadas al caso policialmente conocido como "Cochinilla" se celebrará a partir del próximo 12 de julio en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública.
De esa manera lo comunicó el propio órgano jurisdiccional a las partes la mañana de este miércoles en un señalamiento al que AmeliaRueda.com tuvo acceso. La notificación además la confirmaron ante la consulta de este medio los abogados Érick Gatgens Gómez, Cristian Rivera Picado y José Antonio Tacsan Lobo. De igual forma, se pidió a la oficina de prensa de la Corte Suprema ratificar la fecha fijada, pero al cierre de esta publicación la gestión se mantenía en trámite.
El documento establece el arranque de la audiencia oral para las 8:30 a.m. del próximo lunes. Asimismo, menciona la posibilidad de participar de la vista mediante la plataforma de Microsoft Teams; sin embargo, para ello, el interviniente debe aportar las direcciones electrónicas que participarán en máximo 24 horas.
Durante la audiencia se conocerán impugnaciones presentadas por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) así como dos grupos de defensas técnicas.
El Ministerio Público interpuso apelación contra la resolución del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública en la que se dejó en libertad a 28 detenidos por el escándalo de aparente corrupción; incluidos 13 imputados contra los que el órgano acusador pidió un año de prisión preventiva.
Los otros recursos son presentados por los abogados contra una resolución del 25 de junio pasado en el que se decretó la prórroga de una prisión preventiva instrumental para prolongar la captura de los encartados por hasta 16 días y otra del 18 de junio de 2019 que declaró la pesquisa en cuestión como una una de "crimen organizado".
Consultado por AmeliaRueda.com, Gatgens Gómez destacó la disposición del Tribunal Penal de entrar a conocer este último punto.
"Me parece rescatable por un tema de economía procesal y es que estamos cuestionando la declaratoria que en su momento dispuso el Juzgado Penal de crimen organizado. En nuestro criterio no se cumplen los presupuestos y esta declaratoria fue utilizada más con fines utilitarias para realizar una serie de ajustes en el proceso y así usarlo con más holgura", comentó el jurista.
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Caso "Cochinilla"
La investigación en cuestión se sigue contra 32 personas, entre ellos 19 funcionarios públicos y 13 personeros de empresas.
De los 57 allanamientos, 14 se llevaron a cabo en instituciones públicas como por ejemplo la Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
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Asimismo, se realizaron diligencias en las empresas Meco, H. Solís, Cacisa, Constructora Herrera, Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), entre otras.
El director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza Espinoza, detalló que en este caso se persiguen los delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, malversación de fondos, estafas y falsedad ideológica.
Por su lado, el Ministerio Público indicó en un comunicado que estos ilícitos fueron en apariencia cometidos en perjuicio del Estado por funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y Transportes así como de Hacienda, además de particulares de compañías privadas.
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Según el jefe de la Policía Judicial, entre 2019 y 2020 estas personas en apariencia establecieron un esquema de pago de coimas. "Les permitía obtener dinero, vehículos, viajes, favores sexuales y todo aquello que ustedes puedan imaginarse para que alguna empresa pudiera verse beneficiada. Es el enlace típico de corrupción que se ha visto en otros países en la que un grupo de empresarios, empresas muy fuertes y que además tienen posibilidades amplísimas de actuación, se acercan a funcionarios públicos, le ofrecen dádivas, regalías y afectan la integridad de personas", manifestó Espinoza Espinoza.
El director del Organismo puntualizó que este es uno de los operativos más importantes que han realizado en los últimos meses. Se estima que esta red de corrupción provocó un hueco financiero de ¢78.000 millones.