Una llamada diaria y cambio de ropa día por medio, detenidos por caso "Cochinilla" suman 11 días

Una llamada por día y la posibilidad de cambio de ropa día medio, eso es lo que se le permite a las personas detenidas que permanecen en las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ubicadas en el sótano del edificio de los Tribunales de Goicoechea donde, desde hace 11 días, se encuentran 28 involucrados con el caso "Cochinilla".

El tamaño de las celdas varía y de esto depende la cantidad de privados de libertad que se ubican en cada una de ellas, lo cierto es que todas tienen tamaños reducidos.

AmeliaRueda.com consultó al OIJ cuáles son las condiciones que tienen los detenidos en celdas, donde actualmente se encuentran dueños de grandes empresas constructoras y jerarcas de diferentes departamentos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

“Las personas a quienes aún no se les ha resuelto su condición jurídica tienen derecho a una llamada.

“En el caso que por situaciones procesales se les alargó su estancia, se da la posibilidad de que la familia pueda llevarles una mudada de ropa de día por medio en los horarios establecidos de 10 a 12 horas y de las 17 a las 20 horas”, indicaron las autoridades judiciales por medio de la oficina de prensa.

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Entre los detenidos desde el pasado 14 de junio y ubicados en dichas celdas, se encuentran los dueños de MECO y H. Solís, Carlos Cerdas y Mélida Solís, respectivamente; además de funcionarios de confianza de ambas empresas.

También están gerentes y jefes de los departamentos financiero, de contratación, mantenimiento, proveeduría, adquisición, ejecución presupuestaria y tesorería del Conavi.

Las 28 personas detenidas se encuentran distribuidas entre las celdas habilitadas, cantidad que el OIJ evitó indicar, lo cierto es que pese a que ninguno de los involucrados del caso "Cochinilla" comparte espacio no es posible garantizar que no tengan comunicación entre ellos.

“La disposición estructural de la edificación no garantiza la incomunicación absoluta entre personas privadas de libertad, pero dependiendo de situaciones a considerar como pertenencia a bandas rivales, poblaciones en estado de vulnerabilidad, entre otros, se procura la distribución de manera que la comunicación entre ellos sea mínima o nula, según los espacios disponibles y la distribución de las celdas”, indicaron.

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Pese a su espacio reducido, cada celda cuenta con duchas y servicios sanitarios que deben compartir entre todos los detenidos.

Además, “se brinda por cada persona privada de libertad y con un horario predeterminado el uso de una colchoneta, una sábana y una frazada”, algunas de las celdas tienen camarotes.

En cuanto a la alimentación, el OIJ tiene una contratación para el suministro de este servicio.

“Los alimentos son distribuidos a cada persona durante los tres tiempos de comida diarios. En caso de alguna condición especial de salud debidamente certificada, los mismos se individualizan y se suministran alimentos según una dieta diferenciada y requerida”, explicaron.

El espacio de cárceles del OIJ ubicado en dicho Tribunal cuenta, también con un médico forense que revisa a diario el estado de salud de todos los detenidos y sólo en casos extremos se realiza un traslado a centro médico, como ocurrió con la dueña de H. Solís.

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Estas condiciones expuestas por las autoridades judiciales son las que reciben todos los privados de libertad, en igualdad de condiciones.

La audiencia para conocer el futuro judicial de los 28 detenidos por el caso Cochinilla se realizará este sábado a partir de la 1:30 p.m. En dicha convocatoria se sabrá cuáles de ellos quedarán en libertad y bajo cuáles condiciones, además, de cuáles deberán descontar el año de prisión preventiva, tal y como lo pidió la Fiscalía para 14 de los involucrados.

El grupo de personas detenidas por el mayor caso de corrupción revelado en los últimos meses está conformado por empresarios y funcionarios públicos, los cuales que conforman el supuesto grupo criminal que a cambio de sobornos incrementó el costo de la obra pública, adelantó pago de facturas, entregó obras de mala calidad y desvió fondos que superan los ¢78.000 millones.