
Los costarricenses podrían acceder a sus fondos de cuatro formas distintas, las que se calcularían con diferentes parámetros, dependiendo del riesgo asumido por el afiliado, según se planteó en modificaciones al proyecto de ley.
27/06/20 | 08:31am
Las mesualidades por concepto del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) podrían alcanzar al menos un 20% de la pensión mínima del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), según la nueva versión del proyecto de ley 21309.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron una nueva versión de la iniciativa, esta semana, según la cual ya no se permitiría realizar un retiro total del fondo complementario, pero sí se podría tener acceso a diferentes tipos de cuotas más grandes.
Según se redactó en la nueva versión del proyecto, en caso de que el aporte mensual sea menor a un 20% de la pensión mínima del IVM, la pensión otorgada por el ROP "será ese monto hasta que se agote el saldo acumulado" (con la única excepción de cuando se gestione un retiro vitalicio).
Según el proponente e impulsor del proyecto, el diputado restauracionista Eduardo Cruickshank, con esto ya no existirirían casos en los que personas tengan que recibir "pagos de polaco".
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El proyecto establece cuatro formas ordinarias para retirar los recursos del ROP: rentas vitalicias, retiros programados, rentas permanentes y rentas temporales.
El retiro programado es el más parecido a la modalidad actual, e implica que el pensionado acuerde recibir una renta periódica después de dividir su fondo en pagos mensuales. Para ello se tomaría como referencia la máxima expectativa de vida posible en el país (115 años) y los montos remanentes; en caso de que la persona fallezca antes de esa expectativa de vida, entonces el dinero quedaría en manos de sus beneficiarios.
La renta permanente, por su parte, implica la entrega periódica al pensionado de los rendimientos de su fondo; mientras que el saldo principal se entregaría a los beneficiarios, en caso de que el afiliado fallezca.
En el caso de la renta temporal, el pensionado podría contratar un plan que surge de dividir el capital de la pensión entre la expectativa de vida "condicionada" (una expectativa más baja: aproximadamente 85 años), con el inconveniente de que, una vez agotados los recursos al llegar esa edad, cesarían a la vez los depósitos.
Por último, las rentas vitalicias permitirían que la operadora de pensiones realice un cálculo de la expectativa de vida de la persona y realice los depósitos acorde a esa estimación. Así, tanto el pensionado, como la aseguradora, asumirían el riesgo del cumplimiento de esa edad, pues la persona puede vivir más y seguir cobrando el beneficio o vivir menos años y perder los recursos guardados.
Solo en este último caso, el monto acordado podría ser inferior al 20% de la pensión mínima del IVM, en vista de que se realizaría una división del dinero existente entre un período definido.
Además de estas cuatro modalidades regulares, se idearon dos adicionales para las personas que se jubilen antes de 2030.
Por un lado, quienes ya estén pensionados hasta el 31 de diciembre de 2020 podrían retirar el total de sus fondos, en tres tractos anuales, después del primer año de entrada en vigencia de la ley. En tanto, las personas que se retiren entre el 1 de enero de 2021 y diciembre de 2030 podrían reclamar el ROP en "rentas" mensuales "por un plazo equivalente a la cantidad de cuotas aportadas a este régimen".
La nueva redacción creada en la Asamblea Legislativa establece estas modalidades; sin embargo, también da la potestad al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) de "autorizar otras modalidades de prestaciones, por recomendación técnica de la Superintendencia de Pensiones, siempre y cuando se respete el principio de seguridad económica de los afiliados, y no se contravengan los principios de la presente ley".
La nueva versión del proyecto contó con el aval de la Superintendencia de Pensiones (Supen), ahora dirigida por la exministra de Hacienda y excontralora de la República, Rocío Aguilar. Ella manifestó que estas formas de retiro permitirían acceder a cuotas suficientes y que no se drenarían las finanzas del fondo, como ocurriría con retiros totales de los saldos, según establecía la vieja versión del proyecto.
Permitir la salida de los recursos, de forma completa y en un solo tracto, habría representado una fuga de recursos por el orden de los ¢326.000 millones.
"Nuestra propuesta es establecer, por un período de 10 años, una modalidad de retiro mensual que sea acorde con las cuotas acumuladas. Es decir, si yo tengo 70 cuotas acumuladas, que las retire en 70 cuotas (...) Esta propuesta permite alcanzar la madurez del ROP, no rompe el principio de la complementariedad y además contribuye a que esas personas tengan un complemento en su retiro", afirmó la jerarca.
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El ROP se compone de un aporte obrero-patronal: el trabajador aporta un 1% de su salario y el empleador un 2%.
Según datos de la Supen, el fondo general acumula ¢7 billones hasta la fecha, con 10.000 pensionados, 1,2 millones de aportantes activos y 2,7 millones de afiliados totales.
El saldo promedio del Fondo por habitante es de ¢4,4 millones; sin embargo, un 25% de los afiliados apenas tiene acumulado ¢800.000 hasta el momento y más de la mitad de los afiliados no supera los ¢2,5 millones para su pensión.
Esto ocurre por efectos de la alta informalidad laboral en el país, así como por la "juventud" del fondo, que apenas lleva 20 años en funcionamiento. Esto implica que las personas pensionadas hasta el momento no aportaron durante toda su vida para el fondo, lo que resta volumen a las pensiones que se giran hasta el momento.
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