Reducción a canon en proyecto que rebaja marchamo provoca reclamo por parte de Aresep

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) reclamó este 28 de octubre a la Asamblea Legislativa por la reducción del canon que los operadores de transporte le tienen que cancelar, la cual fue incluida en el recién aprobado proyecto de ley que propone la rebaja del marchamo para vehículos los vehículos con un valor de ¢15 millones o menos.

Mediante una nota dirigida al presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank Smith, así como a los jefes de fracciones, el regulador general, Roberto Jiménez Gómez, señaló que la disminución del canon aplicada el 27 de octubre por los diputados transgrede "normas constitucionales" y afecta "significativamente" sus operaciones.

Lo anterior aduciendo que la Autoridad Reguladora no fue consultada respecto a la rebaja de un 50% para todos los operadores del transporte público, incluida a través de una moción de fondo en el expediente 22.085, de Ley para el alivio en el pago del marchamo 2021.

Esta situación, a criterio de Jiménez, contraviene lo dispuesto en el artículo 190 de la Constitución Política y el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, en los que se establece la obligación que tienen los congresistas a escuchar las opiniones de instituciones autónomas cuando se discuta o aprueben propuestas relativas a estas.

A ello, el regulador agregó que la moción no guarda conexidad con el proyecto original, lo que, de comprobarse, viciaría el procedimiento de la iniciativa, según la jurisprudencia.

La Autoridad Reguladora defendió que como parte del "esfuerzo realizado para el ejercicio presupuestario del 2021", logró una rebaja en el canon correspondiente a los transportes por poco menos de ¢3.200 millones, equivalente a una variación del 40% respecto al canon del presente año.

Por lo tanto, Jiménez denunció que la disminución en el canon "afectaría significativamente la operación institucional, ya que significaría una reducción del 70% en los recursos presupuestados para el sector transporte en su conjunto e imposibilitaría la operatividad regulatoria en ese sector, afectando la fiscalización de los servicios públicos y la continuidad y cantidad en la prestación.

"Esto pone en un alto riesgo el cumplimiento del mandato de Ley y las acciones estratégicas para el fortalecimiento del sector transporte y de los servicios que reciben los ciudadanos que utilizan el transporte público en Costa Rica".

Debido a lo anterior, el regulador general pidió al Parlamento reconsiderar su decisión antes del segundo debate para que la Autoridad Reguladora pueda ejercer a plenitud sus funciones.

Con 44 votos a favor y ninguno en contra, los diputados aprobaron en primer debate el proyecto que permite rebajar el Impuesto sobre la Propiedad Vehículos -principal componente del permiso de circulación (entre un 65% y un 70% del mismo)- para los autos con un costo de hasta ¢15 millones. Dicha reducción fue aprobada en los siguientes términos:

• 50% para los vehículos particulares con un valor de ¢7 millones o menos; carga liviana de hasta ¢15 millones; carga pesada; busetas y autobuses; turismo; arrendadores; y maquinaria agrícola.
• 25% para los vehículos particulares con un valor de entre ¢7 millones y ¢10 millones.
• 15% para los vehículos particulares con un valor de entre ¢10 millones y ¢15 millones.

La reducción no aplica para buques, naves y aeronaves; mientras que las motocicletas con un valor inferior al ¢1 millón además se les exoneraría el pago del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA). Tampoco aplica la norma para vehículos o motocicletas propios, de cónyuges o convivientes, o de personas jurídicas de miembros de los supremos poderes, miembros de juntas directivas y superintendentes.

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