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​Costa Rica fue uno de los proponentes del Acuerdo de Escazú, el cual garantiza protección a las personas defensoras del ambiente.

Por “obligaciones excesivas”, Cámara de Industrias pidió a diputados no ratificar tratado ambiental

​Costa Rica fue uno de los proponentes del Acuerdo de Escazú, el cual garantiza protección a las personas defensoras del ambiente.

Por contener “obligaciones excesivas”, la Cámara de Industrias pidió a los diputados de la Asamblea Legislativa no ratificar el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que protegería a los defensores del ambiente.

Los empresarios enviaron una carta dirigida a diputados, en la cual piden no ratificar este acuerdo internacional. Ameliarueda.com tuvo acceso a esta misiva, cuya fecha es del 19 de noviembre.

“El acuerdo contiene obligaciones excesivas e irrazonables, que el estado no podrá cumplir, incluso haciendo una inversión extraordinaria de recursos, que condicionará nuestra legislación ambiental”, indica la comunicación.

La cámara, además, dijo que el acuerdo podría “paralizar” proyectos por la “especulación o imaginación que la actividad, proyecto o acto pueda tener un impacto significativo sobre el medio ambiente”.

El Acuerdo de Escazú —propuesto por Costa Rica y Chile— otorga a las comunidades acceso a información de impacto ambiental de proyectos, les da un derecho de participación y protege a los ambientalistas.

Lea: Acuerdo de Escazú: Costa Rica cumple dos años sin ratificar su propio tratado ambiental

Pero varias de estas cosas, como la participación ciudadana y los datos abiertos, ya están incluidas en la legislación nacional, según explicó Irene Murillo, directora del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (Cedarena).

Debido a esto, ratificar el acuerdo no representa un cambio brusco para el país, explicó la abogada ambiental. Esto porque, además, el tratado contempla la implementación “progresiva” de estas medidas, según indica el texto oficial.

Costa Rica ha aplazado la ratificación del acuerdo por dos años desde su firma. El país ya fue excluido del primer grupo de 11 estados en ratificarlo, la cantidad necesaria para que entre en vigencia. Otros países como Nicaragua y Panamá sí entraron en ese grupo.

Algunos legisladores de oposición ya han manifestado su voto favorable al acuerdo, como es el caso de los liberacionistas Karine Niño, Roberto Thompson y María José Corrales.

Figuras del gobierno también pidieron su pronta ratificación. Por ejemplo, la vicepresidenta de la República, Epsy Campbell, llamó a ratificar el acuerdo luego de reunirse con el grupo civil “Escazú ahora”.

Oposición de industriales

La oposición de la Cámara de Industrias es similar a la que ejercieron empresarios en otros países de Latinoamérica, dijo el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Costa Rica, Nicolás Boeglin.

En Colombia, por ejemplo, la presión de este sector ha evitado que el país ratifique el acuerdo. Entre los argumentos, los empresarios colombianos dijeron que “se hará imposible cualquier proyecto de desarrollo en el país”, un argumento similar al de los industriales costarricenses.

Pero, justamente, Colombia fue el país con más asesinatos a ambientalistas en 2019, según un informe de la organización Global Witness. Sólo en ese año, 64 defensores del ambiente fueron asesinados en el país.

Por su parte, en Costa Rica, algunas de las razones que adujeron los empresarios para rechazar el acuerdo no están contempladas dentro del tratado, según explicaron tanto Murillo como Boeglin.

Por ejemplo, los empresarios indicaron que el país sería vulnerable a “reclamaciones internacionales” y que “se somete al estado a un elevado riesgo de litigiosidad” por asumir compromisos internacionales.

Pero el Acuerdo de Escazú, a diferencia de otros tratados internacionales, no contempla un nuevo “sistema de solución de controversias”, según explicó Boeglin.

El Pacto de San José, por ejemplo, creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que los estados pudieran resolver casos de violaciones a los derechos humanos consagrados por el acuerdo.

El Acuerdo de Escazú, más bien, redirige a la Corte Internacional de Justicia o a un arbitraje internacional para conflictos entre estados. Ambos mecanismos ya existen y ya funcionan para este tipo de conflictos entre estados, dijo Boeglin.

Protección

El Acuerdo de Escazú actúa en tres ejes: participación ciudadana en proyectos ambientales, acceso a la información ambiental y acceso a la justicia para los protectores del medio ambiente.

La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate este acuerdo en febrero de este año, pero, debido a que no le consultó al Poder Judicial durante el proceso, tendrá que repetir la votación.

Aprobar este acuerdo sería importante para Costa Rica, principalmente por un precedente de la Sala Constitucional sobre el derecho a la participación, dijo el abogado ambiental Álvaro Sagot en septiembre.

En 2017, la comunidad de Sardinal interpuso un recurso de amparo contra el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), reclamando que no tuvieron participación en la creación de un acueducto que sacaría agua de su acuífero.

“La Sala Constitucional dijo que no había derecho de participación y declara sin lugar el amparo y no consideró otros aspectos de fondo”, señaló Sagot.

Lea: Honduras, Colombia, Nicaragua y Guatemala: los países con más muertes de ambientalistas per cápita

Pero otro factor importante es la protección a ambientalistas. De todos los asesinatos a defensores del ambiente en el mundo durante 2019, dos tercios sucedieron en América Latina, según el informe de Global Witness.

En Costa Rica, este informe contabiliza un asesinato en 2019: el de Sergio Rojas, defensor de las tierras indígenas. La Relatoría de Derechos Humanos de la ONU expresó “grave preocupación” por la impunidad del asesinato de Rojas. Aún así, los fiscales pidieron desestimar el caso este 24 de septiembre.