Falta de orden de Sala III retrasa por tiempo indefinido revisión de celular y correos de Presidente

La revisión de la computadora y celulares del presidente de La República, Carlos Alvarado, por el caso UPAD, se retrasará por tiempo indefinido a pesar de que la diligencia estaba programada para el lunes 23 de noviembre.

Según indicó la Fiscalía General a AmeliaRueda.com, hasta este viernes 20 de noviembre no ha recibido la orden de apertura de prueba por parte de la Sala Tercera, por lo que se perderá la cita pactada con los agentes de la sección de Delitos Informáticos y Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y debido a la gran cantidad de trabajo que ellos tienen se volvería a programar para dentro de varios meses o incluso un año.

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"La previsión se hizo debido a que esa sección tiene agenda con tiempos de espera de hasta nueve meses o un año, por la cantidad de trabajo a su cargo. Sin embargo, al día de hoy, la Fiscalía General no ha recibido la orden de apertura por parte de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia", indicó la Fiscalía.

De acuerdo con el órgano acusador del Estado, aunque los magistrados los notifiquen este viernes 20 de noviembre, no dará tiempo para que se realice la diligencia el lunes.

"Eso implicará que la diligencia deba posponerse sin conocerse fecha para poder realizarla, pues, aunque se obtenga el aval hoy (20 de noviembre), no sería posible notificar a las partes para el lunes, con el tiempo requerido", agregó la Fiscalía General.

La Fiscalía tenía prevista la diligencia para dicha fecha, luego de que la Sala Tercera rechazó las gestiones realizadas por los abogados de Alvarado, quienes intentaron impedir la apertura de la prueba, indicando que se pudieron generar violaciones al debido proceso durante el allanamiento a Casa Presidencial y que los dispositivos tecnológicos del presidente contenían información relacionada con la seguridad nacional y temas de salud pública.

Este medio envió la mañana de este viernes una consulta a la Sala Tercera para conocer el motivo del atraso, no obstante, al momento de esta publicación aún estaba pendiente la respuesta.

Caso UPAD

La Fiscalía General de la República investiga a ocho personas —incluido el presidente de la República— por el manejo de información relacionado con la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). A ellos se les investiga por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.

Aparte de Alvarado, se investiga al entonces ministro de la Presidencia, Víctor Morales; el exviceministro de Planificación, Daniel Soto; así como los tres anteriores asesores de datos de Presidencia, Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos y Daniel Fernández; al exasesor legal Luis Salazar y a otro funcionario de apellidos Salas Hernández.

La Fiscalía realizó estas indicaciones como parte del comunicado de prensa en el que informó sobre la realización de 10 allanamientos relacionados con esta causa (expediente 20-005433-0042-PE). Dichas gestiones se activaron en Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y cuatro viviendas que no se detallaron.

Según detalló el Ministerio Público, la investigación hace sospechar que "se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones", proceso del que "se cree que Alvarado tenía conocimiento".

"De acuerdo con la investigación, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal, Rivas y Fernández se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una Unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal".

"Al parecer, Alvarado, Morales y Soto emitieron un decreto para que se continuara desarrollando esta actividad, a pesar de que, presuntamente, conocían que infringía la ley. No obstante, ante distintos cuestionamientos, el 21 de febrero anterior, la Presidencia de la República habría informado sobre la derogatoria este decreto", indicó el Ministerio Público, a través de su oficina de prensa.

Los delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato están penados en los artículos 196 bis, 331 y 350 del Código Penal.

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El primero se castiga con entre uno y tres años de prisión (con agravantes que aumentan el plazo en un año); el segundo se reprime con penas de entre tres meses y dos años, y el tercero con castigos de entre dos y seis años.

La investigación judicial busca determinar si, efectivamente, el entonces equipo asesor de la Presidencia tuvo acceso a "datos confidenciales", una facultad que se le intentó asignar a través de un fallido decreto que se publicó el lunes 17 de febrero y luego se derogó, cinco días después, ante las críticas de ciudadanos, políticos y medios de comunicación.

Presidencia ha alegado que el equipo asesor de datos funcionaba desde hace año y medio, y que nunca utilizó datos sensibles, a los que no tuviera acceso legalmente.