Diputado Gustavo Viales

​Comisión legislativa abierta a incluir preocupaciones de Fiscalía en extinción de dominio

​Ministerio Público, ICD y OIJ consideran que cambios a proyecto de ley le quitaron fuerza

08/11/18 | 09:13am

La preocupación de la Fiscalía General de la República por los cambios realizados al proyecto de ley de extinción de dominio serán tomados en cuenta en el Congreso.

El presidente de la comisión especial que analizó el expediente, Gustavo Viales, afirmó este jueves en el programa Nuestra Voz que están atentos a escuchar las inquietudes alrededor de la iniciativa y a incorporar nuevas modificaciones en caso de que sea necesario, siempre y cuando mantengan el objetivo de la normativa.

La corrupción y el enriquecimiento ilícito quedaron excluidos de la lista de delitos a los que el Estado podría arrebatarles bienes si se llega a aprobar el proyecto que fue dictaminado el pasado martes. Este punto fue el que generó preocupación en el Ministerio Público, el cual consideró que se debilita la finalidad de la extinción de dominio.

Es por ello que este jueves presentará junto al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) un documento de oposición técnica al texto actual de la iniciativa.

Lea: Diputados excluyen la corrupción en proyecto que permitiría arrebatar bienes al crimen organizado.

Sobre la voces que reclaman las modificaciones al plan de extinción de dominio, Viales aseguró que se les prestará la atención debida.

"La preocupación de todos los diputados es que el proyecto avance bien, que no sea una medida que se devuelva a la población en esa persecución que nos preocupa. Esta ley fue concebida en otros países para luchar contra la riqueza de los grandes criminales y hacia ahí es donde queremos replicar este modelo en Costa Rica. Se ha querido ampliar, eso es una discusión que debemos dar en la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos total disposición, pero sí teniendo en cuenta cuál es la cobertura que tiene el proyecto y cómo lo queremos aplicar", comentó el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN).

Criterios encontrados

Luego de que se diera a conocer el texto dictaminado por la comisión especial, las alertas de diferentes sectores se encendieron aduciendo que se estaba debilitando la iniciativa.

El exdiputado del PLN, Ronny Monge, fue uno de los impulsores del proyecto en la pasada legislatura. A criterio del político, se le está quitando fuerza a la propuesta inicial de extinción de dominio que se trabajó con criterios técnicos del propio Poder Judicial.

"Ahora se eliminó el texto de la Corte Suprema de Justicia y esa lista taxativa de conductas que se podían tramitar en extinción de dominio como la corrupción, el enriquecimiento ilícito, y por supuesto que va dejando sin dientes a esta nueva institución que lo que permite no es la solución a que se acaben los problemas del crimen organizado y este tipo de conductas, pero es una herramienta más para atacar a lo que más le duele que es en la parte de los recursos económicos", manifestó el congresista del período 2014-2018.

Por otra parte, Monge señaló que la modificación del primer artículo del proyecto se centra más en el procedimiento y no en una definición clara del objeto de la ley.

Viales respondió que no comparte la visión de que al plan se le haya debilitado y, por el contrario, aseguró que lo que pretendieron con los cambios realizados es tener un texto más sólido.

El abogado constitucionalista Fabián Volio es uno de los detractores de la ley de extinción de dominio pues afirmó que se están poniendo en riesgo garantías individuales como el derecho a la propiedad privada. En este sentido aplaudió las modificaciones realizadas hasta el momento.

"En una democracia tenemos que defender la libertad como principio y no podemos aceptar que para cumplir determinada meta debemos eliminar, suprimir, restringir nuestros derechos. En democracia se combate la delincuencia, el narcotráfico, el lavado de dinero. Debemos entender que reglas básicas de protección de derechos y respeto al debido proceso legal permiten que la totalidad de población cumplan una meta sin derogar o restringir los derechos", externó el especialista.

Volio señaló que la lucha contra actos ilícitos debe darse desde las autoridades de inteligencia y policiales, por lo que si se está perdiendo esa pelea es porque existe un débil manejo de las autoridades, situación que no deben pagar los ciudadanos.

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