Comparecencia del Presidente por caso UPAD será en Asamblea y no en Presidencia como quería Gobierno

La comparecencia del presidente Carlos Alvarado ante los diputados de la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público para aclarar dudas sobre la extinta Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) se realizará en la Asamblea Legislativa y no en Casa Presidencial, como pretendía el Poder Ejecutivo.

Presidencia abogaba por que el interrogatorio se realizara en Casa Presidencial por respeto a la investidura presidencial —como ocurrió con otras situaciones similares en el pasado con José María Figueres y Luis Guillermo Solís. No obstante, finalmente el Congreso decidió proceder de manera distinta.

La idea incluso contó con el respaldo del jefe de fracción oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez, quien lamentó que no se realizara la cortesía, pero reconoció que el nuevo edificio legislativo cuenta con las condiciones aptas para el evento (a diferencia del viejo recinto).

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La sede del encuentro —pactado para el próximo 10 de febrero— se definió en reunión de jefes de fracción, aunque todavía no deciden si se usará como sede el propio Plenario legislativo o un salón adicional como alguna Sala Plena o el Salón de Expresidentes del Congreso. Ambos espacios tienen aforos amplios; sin embargo, un grupo de fracciones puja por que la reunión se haga en el salón principal del Congreso.

La utilización del plenario legislativo disgusta al presidente legislativo Eduardo Cruickshank, quien aseguró que podría dar pie a "malas interpretaciones" sobre la audiencia de Alvarado, pues se vería como una interpelación de los 57 legisladores, cuando eso está prohibido constitucionalmente.

A la postura de Cruickshank se suma el rechazo del PAC y del Partido Liberación Nacional (PLN), cuyo jefe, Luis Fernando Chacón, consideró inconveniente que la audiencia pueda perder su esencia e incluso verse envuelta en algún problema posterior sobre su constitucionalidad.

Pese a este punto de vista, el resto de fracciones presentes argumentó que no veía razones para evitar la comparecencia en el máximo recinto legislativo, siempre y cuando funcionara únicamente como un espacio para el trabajo de la comisión de Ingreso y Gasto Público, con la presencia de diputados no miembros que deseen acercarse.

Esta postura la sostuvieron con mayor fuerza diputados del Partido Integración Nacional (PIN), del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), del Frente Amplio (FA) y del bloque independiente Nueva República. De sus jefes, solo el frenteamplista José María Villalta aseguró que se podían sopesar aspectos de conveniencia y no estrictamente legales.

Pese a la postura de este grupo, el departamento de Servicio Técnicos del Congreso indicó al presidente Cruickshank, a través de un reciente informe jurídico (AL-DEST-CJU-006-2021), que realizar la sesión de una comisión investigadora en la sede del plenario para interrogar al Presidente de la República "excedería la lógica parlamentaria", pues "no es el Plenario Legislativo quien lleva a cabo dicha investigación, siendo que, a todos luces, el acto puede convertirse en un interpelación velada".

En esa línea, también le recordó que las interpelaciones solo son permitidas constitucionalmente para ministros y no para presidentes, ni vicepresidentes.

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¿Suspender o no labores?

El mismo grupo de fracciones que puja por que la audiencia se pueda desarrollar en el plenario aboga para que se suspenda la actividad de los demás órganos legislativos, por todo el 10 de febrero, de modo que todos los diputados puedan asistir a la sesión de audiencia con Alvarado si lo desean.

Esa postura también la confrontaron los jefes del PLN, del PAC y el presidente Cruickshank, de Restauración Nacional (PRN), quienes indicaron que sería contraproducente y podría tender una interpelación técnica de Alvarado, más allá de lo que se permite constitucionalmente.

Ante esta situación Cruickshank indicó a AmeliaRueda.com que, si ninguna de las partes cede, pedirá un nuevo criterio a Servicios Técnicos sobre la moción o disposición que proponga cada parte, de modo que ese departamento le aclare cómo debe actuar para evitar que se violente algún mandato constitucional o reglamentario.

La jefa de Prensa y Protocolo del Congreso, Karla Granados, indicó informalmente al presidente Cruickshank que las salas plenas o el Salón de Expresidentes podrían utilizarse como sedes, y que este último incluso dispone de un mayor aforo que el plenario. No obstante, el jerarca legislativo señaló que respetará la posición de la mayoría de congresistas, siempre que no roce con problemas legales.

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Caso UPAD

El presidente Alvarado es investigado penal, administrativa y políticamente por el 'caso UPAD'. Las investigaciones penales incluyen a ocho personas, inicialmente, por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato, bajo el expediente 20-005433-0042-PE.

Aparte de Alvarado, se investiga al entonces ministro de la Presidencia y actual diputado oficialista, Víctor Morales; y al exviceministro de Planificación, Daniel Soto; así como los tres anteriores asesores de datos de Presidencia, Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos y Daniel Fernández; al exasesor legal Luis Salazar y a la exdirectora de despacho del Presidente, Felly Salas.

Las investigaciones en curso buscan determinar si el equipo asesor de datos infringió derechos sobre datos personales de ciudadanos y si los miembros de gobierno actuaron apegados a la ley al intentar establecer formalmente la unidad vía decreto, en febrero de 2020, con acceso a "datos confidenciales" (sin citar cuáles, ni bajo qué restricciones).

Presidencia ha dicho en reiteradas ocasiones que el equipo asesor de datos funcionaba como un ente de consulta regular para la formación de política pública (como cualquier equipo administrativo) y que nunca utilizó datos sensibles, a los que no tuviera acceso por vías estrictamente legales, según el conocimiento de las autoridades.