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CONAVI intentará por última vez que Contraloría refrende adjudicaciones de UNOPS

Entidad además cambiará participación de la agencia de la ONU para futuros proyectos

El Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) hará un último intento para que la Contraloría General de la República (CGR) refrende las adjudicaciones correspondientes a las obras en la rotonda de las Garantías Sociales y el puente sobre el río Virilla en la ruta 32 -conocido como el puente del Saprissa- para evitar retrasos en las obras.

Así lo confirmó la mañana de este jueves la viceministra de Infraestructura y Concesiones, Giselle Alfaro, durante su participación en el programa radiofónico Nuestra Voz, un día después de que la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) -elegida para llevar a cabo el proceso de gestión de las obras- comunicara la apertura de los dos expedientes ante los llamados de atención del ente contralor por falta de transparencia en los procesos de contratación.

"Tenemos en proceso los casos de la rotonda de las Garantías Sociales y el puente de la 32. Hemos acordado que los expedientes van a ser abiertos, estamos haciendo las últimas valoraciones porque es un tema legal, para ver si con los oferentes se abren los expedientes y se abre la etapa recursiva en la Contraloría", indicó Alfaro.

Esa decisión se tomó, según la Viceministra, tomando en cuenta que el proceso que ha tardado cerca de un año está cerca de culminarse con las respectivas adjudicaciones y que ello es más próximo que regresar al inicio.

"Nosotros haremos hasta el último intento para satisfacer ambas regulaciones y poder iniciar la obra, que es lo que nos interesa. De lo contrario tendríamos que volver a iniciar el proceso de adjudicación. En ese sentido es que nosotros estamos haciendo el último esfuerzo junto con UNOPS", agregó.

Para abrir los expedientes, la Oficina aclaró que es necesario que reciban el consentimiento de los participantes en ambos procedimientos.

Hace un mes, la Contraloría decidió anular el acto de no objeción (aprobación) por parte de CONAVI a los proyectos ya que a los oferentes se les impidió tener acceso al expediente del concurso para la respectiva impugnación.

Con el objetivo de evitar situaciones similares a las vividas en diciembre, el organismo internacional indicó que para procesos de licitación futuros solicitará de antemano que los concursantes firmen una declaración con la que manifiesten su anuencia a que los expedientes puedan abrirse a otros participantes.

La contratación anulada en el caso del puente del Saprissa se había adjudicado al Consorcio Virilla 32 por un monto de ¢22.369.087 mientras que el de las Garantías Sociales a favor de la empresa Constructora Meco por un monto de ¢17.625.113.

Cambio de mecanismo

En la misma línea de evitar problemas con el ente contralor, Alfaro reconoció que el CONAVI cambiará la participación de la UNOPS en futuros procesos, retirándosele la potestad de encargarse de la gestión, de la contratación y de la ejecución de las obras.

Ahora la agencia de las Naciones Unidas seguirá apoyando de forma técnica los procesos relacionados a infraestructura vial, mientras el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se encargará del proceso tradicional de contratación.

"Hemos analizado el proceso de gestión que hemos desarrollado con UNOPS y el Estado costarricense, o por lo menos el CONAVI y el MOPT, han tomado la decisión de cambiar la forma de participación de UNOPS en el desarrollo de las obras nuestras. Nosotros nos dimos cuenta que el sistema nacional administrativamente tiene la robustez necesaria pero nosotros seguimos requiriendo de apoyo técnico", explicó la Viceministra.

Con la metodología actual, el CONAVI logró avances de hasta un 40 por ciento en los trabajos del puente sobre el río Virilla en la vía a Lindora así como la supervisión de los arreglos en Circunvalación -también en desarrollo-.

También, la administración solicitará a la Oficina que reintegre los fondos que se le asignaron para las obras en las rotondas de la Bandera y de Guadalupe, los cuales son complementarios al proyecto de las Garantías Sociales.