Congreso pide al presidente abstenerse de firmar norma técnica sobre aborto terapéutico

En una reñida votación, la Asamblea Legislativa acordó la tarde de este lunes pedirle al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, que se abstenga de firmar la norma técnica que regularía el aborto terapéutico.

Un total de 27 diputados aprobaron la moción presentada el jueves, como respuesta al anuncio que realizó dos días antes el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza Rocafort, de que el protocolo recibiría el beneplácito del mandatario este año. Otros 26 la rechazaron.

A favor de la iniciativa se manifestaron los partidos nidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN) y Republicano Social Cristiano (PRSC). También la apoyaron los legisladores independientes del bloque Nueva República (PNR) y Érick Rodríguez Steller.

En contra estuvieron los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (PFA), así como la congresista Zoila Volio Pacheco.

Al conocerse el resultado de la votación, los sectores más conservadores del Parlamento aplaudieron junto a un grupo de ciudadanos que con banderas y pancartas provida, hacían presión en las barras de público.

Puntualmente, la moción aprobada solicita a Alvarado abstenerse de emitir o ampliar, "vía decreto, interpretación, regulación, protocolo, reforma legal o cualquier norma en relación al aborto impune".

Dicho procedimiento médico está contenido en el artículo 121 del Código Penal, que considera una excepción para las interrupciones de los embarazos en los que está en riesgo la vida de la madre. Sin embargo, la falta de regulación -por ejemplo, un protocolo- obstaculiza su aplicación.

El gobernante pidió la mañana de este lunes un debate basado en información veraz y técnico al respecto, ya que sectores como los de las organizaciones feministas y oficialistas han indicado que los firmantes de la iniciativa han sido influenciados por dogmas y creencias particulares.

Revisión de la moción

Los jefes de las fracciones de Acción Ciudadano y Frente Amplio, Víctor Morales Mora y José María Villalta Flórez-Estrada, presentaron una moción de revisión cada uno con el fin de intentar dar marcha atrás a la decisión adoptada por en la moción.

No obstante, de nuevo la mayoría (28 contra 27) se inclinó a favor de la excitativa para que el presidente Carlos Alvarado Quesada no firme la norma técnica.

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Al ser idénticas la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo Herrera, agrupó las mociones y concedió al segundo de los legisladores el uso de la palabra, quien manifestó que la moción de orden presentada por la socialcristiana Shirley Díaz Mejías no era procedente, ya que su fin era más bien de fondo.

En su exposición, Villalta recordó los mandatos internacionales del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que el país ha lesionado los derechos de, por ejemplo, Ana y Aurora, los cuales podrían acabar en una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

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En contra de la revisión habló la parlamentaria de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez Hernández, quien aseveró que en el país no debería haber urgencia alguna por lo que -afirma- es el "mal llamado" aborto terapéutico, puesto que Costa Rica cuenta con una de las más bajas de mortalidad materno-infantil del mundo.

También aseveró que la figura del aborto impune contenida en la normativa penal ya se aplica en hospitales e incluso, advirtió a las mujeres de que ese procedimiento es igual de peligroso al que muchas se realizan de forma clandestina.

Borrador público

Momentos después, los diputados aprobaron una moción del jefe de fracción del Partido Republicano, Otto Roberto Vargas Víquez, que consta en pedir al Gobierno de la República que haga público el borrador de la norma terapéutica.

La iniciativa contó con el apoyo de 44 legisladores y el rechazo de otros 11.

El objetivo de la moción es, según expuso el proponente, verificar que el Poder Ejecutivo no deje portillos que legalicen casos de aborto diferentes al establecido en el artículo 121 del Código Penal.