Congreso aprueba informe de vicios señalados por Sala IV en reforma de empleo público

La reforma al empleo público dio este lunes un paso más para su aprobación final en el Congreso, luego que 32 diputados aprobaron el informe afirmativo de mayoría que envió la Comisión de Consultas de Constitucionalidad y que subsana, en un texto sustitutivo nuevo del proyecto, los vicios de constitucionalidad que encontró la Sala IV.

El principal cambio realizado tiene que ver con los poderes de la República e instituciones autónomas que quedan fuera de la rectoría de empleo público que la ley le otorga al Ministerio de Planificación (Mideplan), entidad que forma parte del Poder Ejecutivo.

Es decir, tanto el Poder Judicial, las universidades públicas, las municipalidades, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) quedan fuera de la rectoría del Poder Ejecutivo en materia de empleo público.

Pero eso no quiere decir que no deberán cumplir con los parámetros en materia del salario global, ya que ese artículo del proyecto fue declarado constitucional por la Sala IV, así como también en nuevos parámetros para la negociación de convenciones colectivas.

A partir del texto aprobado, se puede generar un ahorro al Estado de 0,77% del PIB por año, durante una década. Esto de acuerdo a las estimaciones de Mideplan remitidas a la comisión.

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En contra

El informe recibió el voto negativo de 14 legisladores de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), de la cual incluso su diputado Pedro Muñoz, integrante de la comisión, presentó un informe de minoría.

También en contra votaron los independientes Paola Vega, Shirley Díaz, Erick Rodríguez y Dragos Dolanescu, sumados a Melvin Núñez de Restauración Nacional (PRN), José María Villalta del Frente Amplio (FA), Walter Muñoz y Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN)

Para estos legisladores, los cambios de fondo que se le hicieron al texto del proyecto ameritaban que regresara a la Comisión de Gobierno y Administración, donde se dictaminó.

“El texto sustitutivo propuesto por la mayoría de diputados, mantiene errores estructurales y de fondo, que significarían un costo mayor para los costarricenses. La fracción socialcristiana, siempre ha mantenido una línea de apoyar un proyecto que solucione y tenga los efectos que requiere Costa Rica en materia de empleo estatal”, comentó el diputado Muñoz.

Tras la votación, ahora el trámite que continúa es enviar el nuevo texto a consulta a varias instituciones como las 82 municipalidades, la Corte Suprema de Justicia, la Caja, instituciones públicas descentralizadas que no están en competencia, el Poder Legislativo, la Procuraduría General de la República, el Banco Central de Costa Rica, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado y la Contraloría General de la República.

Esta consulta es por ocho días hábiles por lo que el proyecto se conocerá de nuevo en el plenario hasta el 22 de noviembre.

Si la Corte Suprema de Justicia vuelve a señalar que el proyecto afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial, para su aprobación en primer debate se ocuparán 38 votos.