Contraloría a diputados: préstamo para tren requiere mayor análisis por "compleja situación fiscal"

La Contraloría General de la República (CGR) exhorta a los diputados para que se tome en cuenta la “compleja situación fiscal” del país a la hora de analizar el préstamo de $550 millones que el gobierno pide aprobar para iniciar con el proyecto del Tren Eléctrico, que impulsan el Instituto Costarricense de Turismo (Incofer) y la Primera Dama, Claudia Dobles.

En la respuesta a una consulta legislativa, el ente contralora recalca la falta de información que existe sobre la fuente de recursos de dónde la administración tomará el dinero para la entrega del subsidio que se requiere para la operación del servicio, el cual calculan entre los $50 y $150 millones al año.

“Si bien es cierto, las condiciones del crédito en discusión en cuanto a su tasa de interés, periodo de gracia y otros elementos se consideran favorables” existe un panorama fiscal muy “complejo” que se debe tomar en cuenta para seguir adelante con el proyecto, dice el documento.

Para la CGR no queda duda de que el proyecto provocará un impacto en las finanzas del Gobierno, las cuales ya muestra un “deterioro acelerado”, el cual se ha visto “potenciado” por la pandemia del COVID-19.

También pide que se considere “la nueva normalidad Post Covid-19” influenciada por los efectos en los hábitos de consumo, tránsito, incremento del teletrabajo, entre otros aspectos, que podrían tener implicaciones en el Proyecto de TRP"

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Alerta

La Contraloría llama la atención por la falta de un análisis integral que incluya los riesgos financieros asociados al proyecto, "así como un análisis actualizado de la situación fiscal que se proyecte se va a presentar en el país al menos en el mediano y largo plazo, de frente no sólo al repago del empréstito que se encuentra en análisis por parte de la Asamblea Legislativa, sino también del monto anual que le podría corresponder cubrir al Estado por concepto de aporte al OPEX” (gastos de operación)".

Dentro del análisis realizado solo se tomó en cuenta el panorama financiero del proyecto, y se aclara que “no se hará referencia a aquellos aspectos técnicos propios del proyecto”.

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Para el ente contralor es necesario tener un “análisis integral de las necesidades de financiamiento del Gobierno Central, los nuevos empréstitos que están siendo negociados o tramitados (incorporando el préstamo para Tren) y las necesidades de financiamiento que estarían siendo solventadas con estos nuevos recursos, acorde con el plan de endeudamiento del Gobierno Central, de manera que se tenga una perspectiva amplia del nivel de endeudamiento y sus efectos”.

La necesidad de conocer en detalle los aportes que el Estado debe hacer al proyecto y su fuente de financiamiento resulta vital para avanzar con el plan.

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Control

Como punto de análisis adicional, la CGR se refiere a funciones de control y fiscalización establecidos en el proyecto de ley, que se tramita en la Asamblea Legislativa, donde, inicialmente se pide la aprobación del crédito por $550 millones para iniciar con el proceso de licitación del plan.

En el proyecto se manifiesta que el Incofer y su Unidad Ejecutora son las oficinas encargadas de la fiscalización y control durante todo el proceso de contratación, construcción y operación del proyecto, aspectos que, a criterio del ente Contralor, deben ampliarse y aclararse.

Se agrega, finalmente, que debe hacerse un análisis integral sobre la modernización del transporte público y que “la modernización de la modalidad de transporte ferroviario debe de ir en línea con el resto de modalidades que interactúan a fin de que se articulen de forma organizada, complementaria y armónica, en aras de dar un servicio óptimo y accesible”.

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La CGR concluye que existe una importancia indiscutible de desarrollar proyectos de infraestructura, sin embargo “recomiendan” considerar de manera integral los temas analizados en el informe.

“Además, es fundamental entender que este crédito que se discute es un paso inicial de un Proyecto que tiene una magnitud importante, pues habrá otros aportes estatales, estimaciones y escenarios que deberían ser del conocimiento de los legisladores para tener un justo dimensionamiento de las decisiones que van a tomar”, concluye el documento.