Contraloría invalida acuerdos entre CCSS y sindicatos y ordena aplicar reforma fiscal a trabajadores

La Contraloría General de la República (CGR) analizó los acuerdos tomados en febrero y agosto entre las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los sindicatos de salud, y determinó que no son actos administrativos, por lo que no generan derecho.

Por esta razón, ordena a la entidad a no llevar ninguna consulta a los Tribunales, y por el contrario, da un plazo de cinco días para que apliquen la reforma fiscal, en el capítulo correspondiente al empleo público, a todos sus trabajadores.

"La CGR notificó hoy a los miembros de la Junta Directiva y al Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) una orden relativa a los acuerdos suscritos el pasado 20 de febrero (y adenda) y 12 de agosto, todos del presente año, relativos a la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (LFFP), Ley N.° 9635, en particular sobre su Título III. Lo anterior, producto de una denuncia planteada. Al respecto y una vez realizado el análisis correspondiente, se concluye que:

• Los acuerdos de febrero y agosto de 2019 no constituyen actos administrativos declaratorios de derechos por lo que la CCSS debe abstenerse de iniciar un proceso judicial de lesividad o cualquier otro tipo de procedimiento en vía administrativa para la declaratoria de nulidad de los numerales relativos a “"Anualidades" e "Incentivos, complementos, sobresueldos y pluses". Además, se ordenó a dicha Junta la aplicación inmediata de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley N.°9635).
• Se le ordena a la Junta Directiva de la CCSS la convocatoria a una sesión extraordinaria en un plazo máximo de cinco días, para que conozca el fondo del documento y tome los acuerdos respectivos para el acatamiento inmediato de las órdenes giradas".

Así indicó la Contraloría por medio de un comunicado de prensa donde se agrega que ya se informó oficialmente este jueves a las autoridades de la Caja, quienes además, serán investigadas por sus actuaciones.

"La CGR inició una investigación sobre este tema en el área de fiscalización de Servicios Sociales de la División de Fiscalización, razón por la cual no emitiremos más declaraciones al respecto", informó el ente contralor.

La Caja, mientras tanto, afirmó que será respetuosa de la orden emitida por la CGR, sin embargo, no aclararon si la atacarán.

"La CCSS es respetuosa del ordenamiento jurídico costarricense, en especial del principio de legalidad que rige el accionar institucional y que constituye un elemento fundamental de nuestro Estado de Derecho”, aseguró en un comunicado de prensa.

Además, la entidad explicó que la Junta Directiva acordó convocar a una sesión extraordinaria a celebrarse el próximo martes 10 de setiembre, en cumplimiento de la orden emitida por el órgano contralor.

Los acuerdos

El pasado 12 de agosto las autoridades de la CCSS y los sindicatos llegaron a un acuerdo luego de una semana de huelga que provocó la cancelación del 50 por ciento de las cirugías programadas y la suspensión de casi 70 mil citas.

Para lograr el levantamiento del movimiento de protesta, las autoridades anunciaron que los puntos de conflicto (aplicación de la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) serían resueltos en los Tribunales de Justicia, medida que atrasaba la aplicación de la reforma fiscal a los trabajadores de la Caja.

Lea: Sindicatos de salud ponen fin a la huelga tras ocho días de protestas y múltiples afectaciones

Se indicó que la entidad solicitaría ante los Tribunales una declaración de lesividad que permita la nulidad del acuerdo suscrito el 20 de febrero, donde se habían hecho los primeros compromisos para la no aplicación de la reforma fiscal a los funcionarios de la CCSS.

La declaración de lesividad es un acto administrativo por el cual una entidad considera dañino para los intereses públicos o generales, un acto previamente dictado por ella misma que es favorable a los interesados con el fin de solicitar su anulación ante la justicia.

Mientras tanto, la dirigencia sindical presentará ante los Tribunales de Justicia las impugnaciones que considere pertinentes y un juez determinará cuál de las partes tiene la razón.

Ahora, la Contraloría indica que ambos acuerdos no son administrativos y por ende, no tienen validez.

Todas las actuaciones de las autoridades de la Caja, ahora serán investigadas por la CGR.