Costa Rica recibe en promedio 100 alertas internacionales sobre lavado de dinero al año, según ICD

Costa Rica recibe en cada año un promedio de 100 alertas internacionales sobre lavado de dinero como la que hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por la estatal venezolana Aluminios Nacionales S. A. (Alunasa).

La cifra la confirmó este martes en el programa Nuestra Voz el director general del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Guillermo Araya, quien evitó referirse a algún caso en específico, aduciendo que es necesario mantener la confidencialidad porque cada caso es trasladado a otras instancias que son finalmente las que determinan si es necesaria la apertura de una investigación.

Esas advertencias de agencias calificadoras, organismos calificados o autoridades internacionales lo que hacen es informar a las de irregularidades que podrían presentarse en actividades que se están desarrollando en el territorio de quien emite la alerta o bien de aquellas organizaciones que pueden tener vínculos comerciales con el país.

Todas esas alertas están sujetas a las disposiciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es una red de combate al blanqueo de capitales que permite a Costa Rica atacar en bloque el crimen organizado, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Por ejemplo, el viernes anterior el diario La Nación dio a conocer que el gobierno estadounidense remitió el 18 de mayo un informe al país en el que se detalla -sin especificar montos- que, en diciembre de 2016, el poderoso militar y dirigente venezolano, Diosdado Cabello, ordenó al ejército designar empleados para lavar dinero por medio de Alunasa, una compañía ubicada en Esparza de Puntarenas que se dedicada a manufacturar aluminio.

El documento sigue la línea de una comunicación que envió el 7 de junio anterior la Unidad de Inteligencia del ICD al Ministerio Público, cuyo contenido también es de carácter confidencial, tal y como lo establece la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

La documentación norteamericana indica que el delito se cometió cuando la compañía estatal Industria Venezolana de Aluminio (Venalum) usó barcos para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá hacia la sede Alunasa en Costa Rica.

Cabello está en la lista negra de Estado Unidos, ya que el Departamento del Tesoro lo acusa de estar involucrado en narcotráfico, operaciones de extorsión y contrabando de minerales venezolanos. En la lista también figuran varios de sus allegados, entre ellos su hermano, José David; su esposa, Marleny Josefina Contreras, y su socio Rafael Sarría.

Al estar en lista negra, las autoridades estadounidenses pueden congelar cualquier activo dentro de su jurisdicción.

De momento, la Fiscalía en Costa Rica no ha abierto investigación alguna contra Alunasa ni ha ordenado el congelamiento de sus bienes.

Por el delito de legitimación de capitales, en el país se condenó a 13 personas en 2015, 17 en 2016 y 6 en el primer semestre del 2017, según las estadísticas del Ministerio Público.