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La medida permitirá reducir los contratos laborales en caso de emergencia.

COVID-19: Congreso aprueba posibilidad de reducir jornadas laborales por "emergencia nacional"

​Norma permitirá a los patronos reducir las jornadas laborales de sus empleados: a la mitad si los ingresos empresariales caen más del 20% y a un cuarto cuando caigan más del 60%.

19/03/20 | 19:11pm

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves, en primer debate, el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para autorizar la reducción de las jornadas de trabajo ante declaratorias de "emergencia nacional".

El texto contó con el apoyo de los 47 legisladores presentes, después de una serie de reuniones con la ministra de Trabajo, Geanina Dinarte. Diputados y Ejecutivo consensuaron la redacción final de la iniciativa, en el marco de la atención de la emergencia por la pandemia del Covid-19 y sus posibles efectos en la economía nacional e internacional.

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La principal indicación del proyecto es permitir que los patronos modifiquen los contratos de forma unilateral por tres meses (prorrogables por plazos iguales en dos ocasiones), en caso de que registren alguna "afectación" por una emergencia.

"Se entenderá como afectación en los ingresos brutos de la persona empleadora, cuando los mismos se vean reducidos como consecuencia inequívoca del suceso provocador de la declaratoria de emergencia nacional, en al menos un 20% con relación al mismo mes del año anterior", indica el proyecto.

La reducción de la jornada podrá ser a la mitad cuando los ingresos empresariales caigan por encima del 20%, pero ascenderán a tres cuartas partes del total de horas laboradas cuando la caída supere el 60%.

"La reducción en la jornada ordinaria de trabajo afectará el salario de la persona trabajadora en igual proporción en la que se disminuya su jornada", explica la iniciativa.

Estas reducciones podrán realizarse de forma unilateral por parte de los patronos, con el visto bueno de la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; o bien por acuerdo de partes (a través de sindicatos u otros representantes de los trabajadores así designados).

Según indicó la ministra Dinarte en entrevista con la periodista Amelia Rueda, para el Programa Nuestra Voz, la intención de este proyecto es "darle a los patronos que están viendo reducidos sus ingresos la posibilidad de brindarle a sus trabajadores contratos con menos horas laborales y así evitar un aumento en los despidos”.

La medida excluye a "trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia", y se prohíbe el uso de la norma "con fines discriminatorios o como medida o represalia en perjuicio de las personas trabajadoras".

Otras indicaciones

Además de la reducción de las jornadas, el texto establece que deberán pagarse las prestaciones e indemnizaciones laborales, considerando "los salarios percibidos antes de la autorización de la reducción de la jornada".

En caso de que la persona trabajadora se encuentre o sea incapacitada por enfermedad o riesgos de trabajo, o goce de licencia y subsidio como responsable de cuidar a un paciente en fase terminal o una persona menor de edad gravemente enferma, el cálculo de las prestaciones "se realizará considerando los salarios percibidos antes de la autorización de la reducción de la jornada de la persona trabajadora".

Para prorrogar la reducción de jornada, el patrono deberá demostrar que se mantienen "los efectos del suceso provocador" de la oportunidad.

Por último, se establece la posibilidad de que empleadores y trabajadores establezcan una "permuta" y acuerden "la interrupción
temporal de la prestación de labores con goce de salario a sus trabajadores, durante los efectos de la declaratoria de emergencia". "En tal caso, las personas trabajadoras repondrán en el plazo máximo de un año el tiempo no laborado que les fuera remunerado, en los términos pactados", indica la iniciativa.

Esta es la tercera iniciativa que aprueban los diputados, esta semana, para intentar paliar los efectos de la desaceleración económica prevista, para la economía nacional e internacional, por efecto del Covid-19 y la reducción del consumo.

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Aprobaron también un grupo de moratorias de impuestos y alquileres comerciales, y una regulación para las tasas que cobran los bancos por el uso de datáfonos.

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